La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la disculpa pública que ofreció el Estado mexicano por el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey, no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos, sin embargo, apuntó que la acción reivindica sus nombres y plantea el compromiso de las autoridades a que actos similares no se repitan.
Durante el evento en Monterrey encabezado Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación , el titular del organismo autónomo, Luis Raúl González Pérez, reiteró que nada compensa la pérdida de vidas, pero dijo que el hecho de que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno de Nuevo León reconozcan sus faltas es un paso necesario en el camino a la verdad y a la reparación.
Recordó que esos hechos fueron investigados por la CNDH, que rechazó las pretendidas explicaciones con las que, en su momento, las autoridades responsables pretendieron justificar su conducta, aunque ello implicara formular falsas imputaciones contra las víctimas.
Destacó que la CNDH acreditó que las víctimas no portaban armas ni pertenecían a la delincuencia organizada, como sostuvo la Sedena, y que el lugar de los sucesos fue modificado al depositar armas para alterar la escena de los hechos.
Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, dijo que las afirmaciones oficiales de que las víctimas eran daños colaterales o incluso criminales no resistieron el análisis, ya que la única verdad que se ocultó fue la extrema crueldad para arrancar dos vidas y fracturar otras más.
