No es de sorprenderse que la oposición del actual gobierno federal critique las estrategias que se han implementado contra uno de los males más evidentes en nuestro país en los últimos años: la incursión de la delincuencia organizada en Pemex.
Ni hablar. Esos argumentos se han centrado en el desabasto de combustible que han sufrido algunas entidades de nuestro país y en señalar que no han sido visibles los resultados de las estrategias empleadas por no haber ningún señalamiento directo de responsabilidad.
Por eso es importante escindir y analizar los datos presentados por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Santiago Nieto Castillo y Alfonso Durazo Montaño respectivamente. Dichos datos revelan cantidades monetarias pavorosas que reafirman la presunción de conductas de corrupción por parte de gobiernos anteriores.
Se ha señalado que fueron presentadas cinco denuncias ante el Ministerio Público Federal, que involucran a 15 personas morales vinculadas al comercio de combustible, 13 empresas con operaciones irregulares y que son franquiciatarias de Pemex, así como 14 empresas por operaciones relevantes o inusuales.
Lo relevante de esto son los primeros dos de los tres modelos bajo los cuales fueron encontradas las empresas que hoy se encuentran bloqueadas. El primer modelo se lleva a cabo bajo la colaboración de la UIF y Pemex, en la cual se identificaron las 13 empresas franquiciatarias. En este caso dichas empresas no estaban comprando el combustible a Pemex y aún así reportaban la venta del mismo; cabe mencionar que bajo la normatividad que rige el sector energético, dichas empresas no pueden importar gasolina.
El segundo modelo se conforma por la UIF y el SAT, donde se encontraron las empresas con operaciones inusuales y relevantes, donde en una de ellas se identificaron registros de ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos con una utilidad marginal de 6,758 millones de pesos; los cuales no fueron reportados al SAT.
Resulta muy interesante la metodología que fue seguida en este modelo, donde la UIF solicitó al SAT tres datos puntuales: la diferencia entre litros según control volumétrico y litros según ingresos declarados, porcentajes de utilidad y la facturación y demás información fiscal de dichas empresas.
Bajo esa tesitura y a juzgar por la información fiscal y financiera presentada, lo ya sospechado se revela: funcionarios de entidades gubernamentales que intervienen en la economía nacional, participaron en el saqueo de combustibles a la nación; y que, en la esperanza de quien suscribe, sean las estrategias de inteligencia implementadas por el actual gobierno federal el resurgimiento de Pemex como una de las empresas petroleras más importantes a nivel mundial, y con ello lograr el crecimiento y desarrollo económico que tanto se ansía.
*Docente de la Materia Principios de Economía, carrera de Derecho, de la Universidad Mondragón
