Fuente: Félix Vásquez
En las últimas entregas de esta ESFERA COMUNITARIA hemos dejado constancia que la falta de reglas claras, sustentadas en una marco regulatorio o de una Ley bien estructurada, genera en algunos casos algunas dudas que pueden ser claves y fundamentales para la operación eficiente, clara y transparente en el mercado que conforma a la industria de la facturación.
Comentamos el caso de la marca DIVERZA®, cuyo nuevo representante legal, José Hugo Briones González, precisó a un servidor que es una marca o denominación comercial propiedad de Soluciones de Negocios FNX SA de CV, desde el mes de octubre de 2018, cuando fue adquirida junto con los activos de la sociedad mercantil que era propietaria de dicha marca.
Y también que como Soluciones de Negocios FNX, SA de CV no tiene, ni ha tenido adeudo alguno con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde su constitución, y hasta la fecha.
Todo esto fue detallado, incluso en una entrevista que generó la publicación de una nota misma que fue difundida por El Financiero MTY ayer.
Y aquí vale la pena aclarar que falta contar con alguna declaración de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y del SAT, sobre todo porque aún no existe en la industria de la facturación un marco legal o Ley que regule la operación de todos los actores que participan aquí, ya que el 26 de junio pasado, el organismo que dirige Margarita Ríos Farjat, dio a conocer que en México existen 8 mil 204 empresas que se dedican a simular operaciones mercantiles, que significan una evasión fiscal por la impresionante cifra de 354 mil millones de pesos.
Además, se informó que este reporte es de 2017 a la fecha, y que el monto de facturación falsa equivale al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). También, la funcionaria reveló que las empresas que se han beneficiado con esta práctica están ubicadas, principalmente, en Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Puebla, entidades con la mayor actividad económica del país.
De acuerdo con la dependencia, una factura puede considerarse falsa, aunque cuente con los elementos formales y autorizados por el Gobierno, ya que ampara operaciones que no se llevaron a cabo. En este caso, por ejemplo: un “contribuyente” que no cuenta con personal o activos; un domicilio fiscal falso; o la presentación de altos montos de facturación y pocos o nulos gastos, son hechos que sirven para detectar este delito. Y aquí insistimos que falta tener claro el marco legal o Ley –pero con dientes- que clarifique, transparente, mantenga eficiente la operación y sobre todo regule a las operaciones de todos los actores que aquí participan en esta industria.
Ojo, hoy aquí mismo en Nuevo León, estamos viendo cómo la falta de marcos regulatorios o leyes bien estructuradas están poniendo en riesgo la operación de un servicio de movilidad mediante la oferta y contrato con plena libertad entre particulares a través de aplicaciones móviles, como es el caso de UBER, cuyo retraso en la famosa y tan esperada Ley de Movilidad en la entidad ya está afectando a los usuarios, esperamos que eso no se contamine y suceda o se traslape hacia otras industrias y mercados como es el caso de la de facturación electrónica en donde la falta de marcos regulatorios pueda tumbar de plomazo lo construido a través de los años.
Aquí cabe recordar que la industria de la facturación electrónica en México ha contribuido a que miles de mexicanos, operadores de negocios, se suban a la era de la informática generando información de sus propias empresas, lo que antes era complicado de obtener o simplemente no lo tenían. Y además, cómo algunos expertos ya nos lo han corroborado, que este exitoso modelo se busca que sea replicado en otros países, incluyendo a Estados Unidos, y otros de Sudamérica.
En definitiva, esto no puede perderse por la falta de un marco regulatorio.
Volviendo al caso de Diverza, sigue prestándose a muchas interrogantes por qué el SAT autorizó a esta empresa (antes propiedad de José Luis Ayala, y que tuvo problemas por adeudos millonarios al fisco), de nuevo a operar aunque ahora con nuevos accionistas.
Son preguntas que merecen explicación del SAT.
El autor es economista de la UANL con Maestría de Análisis Político y Medios de Información en la Escuela de Graduados y Administración Pública (EGAP) del Tec de Monterrey.
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