En una decisión sin precedentes, un juez ordenó al Gobierno de Chihuahua modificar inmediatamente el acta de nacimiento de una persona transgénero que pidió el cambio de su nombre, de masculino a femenino, para evitar discriminación.
El Gobierno estatal, a través del registro civil, se había negado a modificar dicho documento, argumentando que no había obligación legal para que la autoridad realizara el cambio.
Ante la negativa, el demandante promovió un amparo, acto que surtió efecto inmediato.
Aún antes de entrar al estudio de fondo, el juez Alberto González Ferreiro, titular de Juzgado Segundo de Distrito en Chihuahua, ordenó continuar con el trámite que garantice al quejoso obtener sus documentos oficiales con su nueva identidad femenina.
Tras conceder la suspensión provisional, el juzgador ordenó al registro civil modificar el acta de nacimiento en los términos solicitados en un plazo no mayor a 24 horas, sin necesidad de tramitar juicio alguno como pretendía la autoridad.
De esta forma, dijo el juez, se reconoce el derecho humano a la identidad previsto en la constitución, es decir, proviene de la más alta jerarquía normativa que deben obedecer las entidades federativas.
“No hacerlo implicaría vulnerar el derecho a la no discriminación, con base en la orientación sexual del interesado”, dijo el juez quien pidió que se le notificara de inmediato el acatamiento de la orden.
Con esta determinación, dijo el juzgador, se garantiza que el quejoso goce sin retraso de los derechos que ya posee, sin que deba esperar aproximadamente seis meses a que se emita la sentencia de amparo.
“La suspensión se circunscribe a la esfera jurídica del interesado sin afectar derechos subjetivos de terceros y responde a los principios mínimos de protección convencional que deben respetar los estados firmantes de tratados internacionales en la materia”, dijo el juez en una tarjeta informativa.
Destacó que para llegar a esta determinación se ponderó la importancia del sistema de medidas cautelares que prevé el juicio de amparo, criterios de la Suprema Corte e instrumentos internacionales suscritos por México.
También confirmó que son los registros civiles las instancias que deben atender este tipo de solicitudes.
Esta decisión genera un precedente relevante, porque desde la suspensión y en un lapso de 24 horas se hace efectivo el ejercicio de los derechos antes referidos, toda vez que en varias entidades federativas se tienen disposiciones como la de Chihuahua, que impiden a los gobernados obtener la modificación de su acta de nacimiento, tratándose de reasignación de género.
