Fuente: Cortesía
Me formé como economista estudiando mi carrera y primera maestría en la década de los noventa y a principios del nuevo milenio. De la mano de investigadores mexicanos serios y comprometidos con la ciencia y el conocimiento, y bajo la luz de los avances más recientes en ese entonces sobre teoría económica y métodos econométricos, aprendí que la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, cuyo combate requiere de una política basada en instrumentos que permitan alinear los incentivos del programa (eliminar la pobreza de manera permanente) con los objetivos de los individuos, quienes en libertad eligen aquello que les genera mayor bienestar.
Así, durante mi etapa formativa lo mismo leí los trabajos de Milton Friedman sobre la importancia de la libertad de elegir como fundamento del desarrollo económico en un mundo democrático, que el trabajo de Amartya Sen, quien identificaba la pobreza como la ausencia de oportunidades sobre las cuales elegir; aprendí de Gary Becker la importancia de la provisión de capital humano para incrementar las oportunidades de bienestar de un individuo en su vida y de las complementariedades entre salud y educación, pero también leyendo a Ronald Coase y a Douglas North aprendí sobre la importancia de las instituciones para garantizar el funcionamiento de una sociedad basada en la premisa fundamental de la libertad del individuo.
Precisamente, de mis clases de economía laboral, y leyendo los trabajos de James Heckman y Robert Lalonde, aprendí que más allá de las buenas intenciones de una idea con contenido social, para tener un programa es fundamental contar con objetivos bien definidos, un adecuado diseño estratégico de las políticas a implementar, así como una estricta medición, seguimiento y evaluación de resultados, buscando a través de estos mecanismos encontrar aquellos programas de mayor incidencia y menor costo, así como corregir sus fuentes de error.
Progresa, Oportunidades, y Prospera, fueron creados inicialmente bajo esta premisa: conciliar los incentivos públicos de interés general (reducir la pobreza) a los intereses personales de la población apoyada. Su ejecución fue ejemplo a nivel mundial de un trabajo responsable en la identificación de objetivos, el diseño, seguimiento, medición, y cuantificación de impacto asociado a la implementación de dicho programa.
No obstante, el gobierno federal ha declarado que dichos programas fueron objeto de abusos en su implementación y, por tanto, derivaron en corrupción con enormes costos financieros. Como resultado, la medida adoptada por el Ejecutivo Federal ha sido igual de draconiana que en otros asuntos de interés público como el NAIM de la Ciudad de México, las estancias infantiles, y el combate al robo de combustible: si existe evidencia explícita o sugerida de corrupción, se termina el programa, y se crea algo distinto que “si funcione”. Y es aquí donde todas aquellas discusiones sobre la importancia de un programa social se pierden y se vuelve nada frente al nuevo paradigma sugerido: dar dinero a quien lo necesite, de acuerdo a la necesidad del programa cancelado. Se cancelan las estancias infantiles, se da dinero a las madres; se cancela el Prospera, se da dinero a los jefes de familia y se da dinero a adultos mayores para proveer educación; y así, en una larga lista de prioridades mostradas en estos primeros días de gobierno.
Me temo que esta visión de política pública, más cercana al asistencialismo dirigido y tan alejada de aquellos principios sobre los que se construyó la política social durante los últimos años, sea un enorme retroceso en nuestra concepción de una política de desarrollo económico para el país, pues si bien como ciudadanos estamos indignados ante el potencial mal uso de recursos destinados a incrementar el bienestar de los más necesitados, también nos indigna la falta de rendición de cuentas de quienes abusaron de su posición, mermando el correcto funcionamiento de los programas a su cargo.
Aún es tiempo de corregir, y evitar en la tentación de pretender inventar el agua tibia volviendo al pasado nada glorioso de una visión de política pública hegemónica y sin contrapesos; es necesario reaprender de nuestra experiencia, y devolver el carácter transparente para el combate a la pobreza, basado en diseñar política pública con cambios que posean magnitud, dirección y sentido.
El autor es doctor en Economía en la Universidad de Chicago. Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.
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