La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó una prórroga de tres meses, que vence el 30 de abril de 2020, para que el Congreso de la Unión defina «en forma clara y objetiva» los parámetros para calcular el salario del presidente de la República.
El 20 de mayo pasado, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 contra la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, el Alto Tribunal ordenó al Congreso de la Unión que, antes del 15 de diciembre de 2019, estableciera dichos parámetros.
Sin embargo, Laura Rojas, diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, envió el lunes pasado a la Suprema Corte un oficio en el que solicitó una prórroga para acatar la resolución.
Rojas explicó que la Junta de Coordinación Política, en su reunión del 9 de diciembre pasado, acordó, por unanimidad de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, pedir la prórroga al plazo fijado.
«Hágase del conocimiento de la diputada oficiante que, en su sesión privada celebrada el 10 de diciembre, el Pleno de esta Suprema Corte acordó que, atendiendo a la complejidad de la materia, se otorga una prórroga.
El plazo respectivo vence el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de abril de 2020″, señala una notificación publicada este miércoles por la Suprema Corte.
En su sesión del 20 de mayo, el Tribunal Constitucional resolvió dos impugnaciones contra la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos promovidas por la CNDH y senadores de la República de oposición.
Los ministros declararon la inconstitucionalidad de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), párrafo último; así como 7, párrafo primero, fracción I, inciso a), II y IV, de la citada ley.
Consideraron que de mantener dichos preceptos se permitiría establecer en forma discrecional la remuneración de los empleados del gobierno.
Señalaron que la redacción actual de la Ley no fijó parámetros para establecer el salario del presidente, lo que resulta trascendente porque este servirá de base para establecer el ingreso del resto de los servidores públicos.
La Suprema Corte aún tiene pendiente de resolver ocho controversias constitucionales promovidas contra la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos.
Dos de ellas fueron presentadas en mayo pasado contra la reforma de abril a la citada Ley en la que se modificaron 15 de 17 artículos.
