El 20 de septiembre del 2017 no fue un día normal. Recuerdo la multitud de ciudadanos indignados por las detenciones y el registro de la Conselleria d’Economia que se manifestaron en la Rambla de Catalunya. Y a un conocido galerista, de talante moderado, que me encontré aquella noche y que me dijo: «Hasta ahora dudaba de ir a votar, y en todo caso me inclinaba por el ‘no’ (a la independencia), ahora creo que iré a votar ‘sí'».
Aquella protesta fue en gran parte espontánea y desde luego legítima. Pero este miércoles el testimonio de la secretaria del Juzgado número 13 de Barcelona, que encabezaba la comitiva judicial que practicó el registro, se unió a otras comparecencias de los últimos días y arrojó dudas sobre la actitud de los Mossos. Puede ser que entre la dependencia del Gobierno de Carles Puigdemont, empeñado en un referéndum que consideraba un derecho, y la obligación de cumplir la orden judicial de impedirlo, la cúpula de los Mossos -que dependía del entonces ‘conseller’ Joaquim Forn– optara por cumplir formalmente la orden judicial -apercibimientos de que el referéndum no se podía celebrar-, pero al mismo tiempo por tener una actitud final pasiva amparándose en la protección de la normalidad ciudadana.
Algo así se desprende también de los hechos del 20 de septiembre. Es difícil ser objetivo, pero la convocatoria de una masiva manifestación de protesta es un inapelable derecho (se compartan o no los móviles de los convocantes). Es menos lógico que, como explicó la secretaria judicial, Montserrat del Toro, ella y los guardias civiles que la acompañaban no pudieran salir de la ‘conselleria’ durante todo el día, que solo pudieran comer unos bocadillos que les llevó una mosso y que, al final, a las doce de la noche -dos horas después de haber acabado su trabajo- la secretaria judicial tuviera que salir del edificio saltando al tejado del teatro Coliseum con la ayuda de ocho mossos de paisano enviados por el mayor Josep Lluís Trapero, conminado para ello por el titular del Juzgado 13.
El pasillo
Y la secretaria añadió que sintió preocupación todo el día y miedo -ante el gran número de gente vociferante- a partir de las nueve y media de la noche. Un testigo es solo un testigo -y un abogado defensor aludió al posible sesgo político de la secretaria judicial- pero los hechos están ahí. Jordi Sànchez dijo al tribunal que voluntarios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a petición de Forn, montaron un pasillo para que se pudiera acceder al edificio sin problemas. Pero la comitiva no se atrevió -o no quiso- a someterse a ese pasillo ni a la hora del almuerzo ni acabado el trabajo. ¿Tuvieron miedo injustificado la secretaria y los guardias civiles cuyos coches sufrieron serios desperfectos (unos) o fueron destruidos (otros)?
Todo habría sido distinto si -limitando la protesta al centro del paseo- los Mossos, no el servicio de orden de la ANC, hubieran ordenado el tráfico del lateral del edificio y garantizado el libre acceso. ¿Por qué no se hizo y por qué el ‘exconseller’ Forn no encomendó esa misión al mayor Trapero? Cuesta de entender y no ayudará a las defensas de los acusados.
