Martinelli, de 66 años, argumenta que renunció el pasado 22 de junio a la diputación del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y en consecuencia el caso, por el que el magistrado fiscal pide hasta 21 años de cárcel para el expresidente, sale de la esfera del Supremo y pasa a los tribunales ordinarios.
«Voluntariamente él no sería llevado» a la sede de la Corte Suprema este lunes, «si a él lo trasladan es a la fuerza, sería otra violación a los derechos humanos y derechos procesales», dijo el portavoz de Martinelli y su exministro de Comunicación, Luis Eduardo Camacho, a las puertas de El Renacer, la cárcel de mínima seguridad donde está preso desde que llegó extradito por EE.UU. el pasado 11 de junio.
Agregó que «en caso de que deba ir a una audiencia» debe hacerlo «acompañado de un médico» dado que presenta presión arterial «baja» debido a que el domingo inició una huelga de hambre para reiterar su denuncia de que es un «perseguido político».
Por su parte, uno de los defensores del expresidente, Carlos Carrillo, declaró a los periodistas en la sede de la Corte que este mismo lunes presentó un recusación contra el magistrado juez de Garantías del proceso, Jerónimo Mejía.
Carrillo insistió en que la carta de renuncia de Martinelli al Parlacen cumple con los requisitos de forma, en respuesta a lo dicho por el presidente del ente regional, Tony Raful, de que la misiva «fue entregada sin cumplirse el apoderamiento jurídico legal».
«Lo que procede es subsanar esta insuficiencia, el renunciante tiene que apoderar legalmente a quien entrega o lleva la carta de renuncia, por las condiciones de reclusión en que se encuentra», dijo Rafu a la cadena local Telemetro, y añadió que Martinelli «sí sigue siendo diputado» centroamericano.
Pasadas las 10.00 hora local (15.00 GMT) la audiencia de acusación llevaba ya una hora de retraso, sin que estuviera claro para la defensa ni los querellantes si finalmente se realizará este lunes.
«Que comparezca y deje estas actitudes inmaduras», dijo hoy en la sede del Supremo el abogado querellante, Carlos Herrera, mientras que otro querellante, Ángel Álvarez, sostuvo que debe haber una «certificación oficial» del Parlacen de que Martinelli ya no es diputado de ese organismo para que se tomen las decisiones legales pertinentes.
Martinelli se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas ya que fue extraditado bajo el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral de 1905.
Estuvo preso un año en una cárcel federal estadounidense en razón del pedido de extradición.
El pleno del Supremo negó la semana pasada cambiar la detención en la cárcel por un arresto domiciliario, como pidió la defensa, y rechazó dos habeas corpus a favor de Martinelli.
EFE/ MC
