Los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Interior y de Inclusión Social ratificaron así su «permanente preocupación y voluntad para trabajar por el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de ciudadanos extranjeros y de los niños y niñas adolescentes que provienen de los países suramericanos».
El convenio está dirigido a promover acciones efectivas en favor de las personas en movilidad humana a fin de que reciban «un tratamiento acorde con los principios de dignidad, humanidad y justicia», reza el comunicado de la Cancillería.
Asimismo estipula que los niños, adolescentes y sus familias sean atendidos de manera prioritaria a través de un sistema complementario de protección especial, que se caracteriza por el desarrollo de principios, normas y postulados del derecho nacional y los instrumentos internacionales.
También establece un constante seguimiento de los flujos migratorios de los ciudadanos de los países suramericanos que ingresan al Ecuador por los puntos de control fronterizos.
Y marca líneas de cooperación de las instituciones involucradas en el ámbito de sus competencias, con miras a garantizar el cumplimiento de la Constitución y la legislación interna en relación a las personas en situación de movilidad, especialmente menores.
A fin de cumplir con el convenio, las respectivas Secretarías de Estado deberán desarrollar las actividades de manera coordinada, dentro de sus competencias y brindar facilidades para la ejecución de los mecanismos acordados.
EFE/ FR
