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Más de 8 años de prisión a exgerente de la telefónica estatal hondureña por fraude

La resolución fue dictada este martes por la sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, que además lo inhabilitó de manera absoluta a ostentar o delegar cargos públicos por el doble que dure la pena, según la sentencia.

Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, fue declarado inocente en esta causa en enero de 2014, pero la Corte de Apelaciones ordenó en marzo de 2017 repetir el juicio tras aceptar un recurso de casación del Ministerio Público.

El exfuncionario fue declarado culpable a finales de agosto pasado por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense Latin Node pagó a funcionarios de la telefónica estatal.

Latin Node supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.

Según detalles del juicio contra Latin Node, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300.000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).

Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya, quien fue derrocado del poder el 28 de junio de 2009.

Chimirri fue condenado también recientemente a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16,6 millones de lempiras (678.659 dólares) como “autor directo del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública”, según el Ministerio Público de Honduras.

Además, el tribunal le dictó las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil mientras dure la condena, y lo condenó a “trabajar” en obras públicas o en centros penitenciarios por el tiempo en la cárcel.

Chimirri, familiar de la esposa de Zelaya (2006-2009), Xiomara Castro, estuvo implicado en un espionaje telefónico que el propio exgobernante denunció en 2007 y otras irregularidades administrativas.

EFE/ FR