En una breve declaración del Ministerio panameño de Relaciones Exteriores, además de lamentar «profundamente» el fallecimiento de Albán, del partido Primero Justicia, «reitera su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política y la existencia de presos políticos».
Panamá se sumó a los países del Grupo de Lima que anoche exigieron en un comunicado al Gobierno de Venezuela la investigación sobre la muerte de Albán.
El Grupo de Lima también urgió a Caracas «esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan».
El documento, firmado por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresa la «profunda preocupación por la trágica muerte» de Albán, ocurrida este lunes «en circunstancias aún no esclarecidas».
El concejal opositor fue encarcelado en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia por su supuesta responsabilidad en el atentado fallido contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, del pasado 4 de agosto.
La Fiscalía venezolana informó el lunes de que Albán se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.
Albán era concejal en el municipio caraqueño de Libertador, sede de todos los poderes públicos y territorio considerado bastión del chavismo gobernante.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, responsabilizó hoy al Gobierno de Maduro del «homicidio» del concejal y pidió a la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte, pues rechazan la versión oficial de suicidio.
EFE/ FR
