El sentido común y económico nos explica que las deudas crecen cuando se entra en recesión o crisis, esto es, cuando el nivel de gastos no se ajusta al decreciente nivel de ingresos, que siempre es más dependiente del nivel de ciclo de actividad económica. A sensu contrario, cuando la actividad económica crece a tasas positivas y altas, ese es el caso de la Comunidad de Madrid, las deudas se reducen, por un aumento de los ingresos fiscales resultado del aumento de actividad económica. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid está ocurriendo lo contrario. Con un crecimiento del PIB del por encima del 3% en los dos últimos años de gobierno del PP, los aumentos del volumen de deuda pública de la Comunidad no ha dejado de crecer, tal como muestran los datos publicados por el Banco de España.
La deuda de la Comunidad crece en cualquier coyuntura económica, tanto en momentos de recesión y crisis como en periodos de crecimiento económico. Desde el “golpe institucional”, que tuvo lugar el 10 de junio de 2003, el llamado “Tamayazo” con el que se inicia el gobierno del PP de Esperanza Aguirre (2003), hasta el segundo trimestre de 2017, la deuda ha crecido a una media del 9% anual. Ha pasado de los 8.756 millones de euros en el segundo trimestre de 2003, a la gigantesca cifra de 32.555 millones de euros en junio de 2017, un aumento promedio de 1.700 millones anuales. Su aumento no fue sólo en términos absolutos, también lo hizo su peso en el PIB, pasando del 6,3% en 2003 al 15,1% en el mismo periodo. Este porcentaje no es de los más elevados dentro del conjunto de las CCAA. Pero Madrid es la cuarta administración autonómica más endeudada, detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
En 2010 la crisis inducida por el colapso de los mercados financieros y las equivocadas políticas recesivas, contrarias a las experiencias de 80 años de políticas de sostenimiento de la demanda efectiva, llevaron a un descenso vertiginoso de los ingresos fiscales estatales (más de 2/3 de los ingresos de las comunidades autónomas).
En esos momentos, se desplomaron los ingresos presupuestarios de la Comunidad con un visible impacto en la deuda autonómica. En marzo 2013, la deuda se situó, en sólo un año, en 5.300 millones de euros por encima del año 2012. Fueron los años más recesivos de la crisis económica en nuestro país.
Pero con la recuperación las tornas no cambiaron. Mientras que en 2016 la Comunidad de Madrid crecía un 3,7% y en 2017 un 3,4% (segundo trimestre), la deuda aumentaba en 3.135 millones de euros.
Según el PP el endeudamiento se reduciría cuando pasara la crisis, entonces los ingresos se recuperarían y volvería el equilibrio a las cuentas regionales. Sin embargo, esto no fue lo que pasó, y el PP ha pasado a cargar las culpas al injusto sistema de financiación autonómica que surge en 2009.
Esta explicación no parece plausible si tenemos en cuenta que el crecimiento de la deuda es anterior a esta fecha. Por otro lado, un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha estimado que con el nuevo nuevo sistema propuesto por el Grupo de Expertos la actual infrafinanciación de la Comunidad de Madrid se sitúa en un máximo de 550 millones de euros.
La razón de que la Comunidad de Madrid acelere sus endeudamiento no es la “pesada herencia” de la crisis, es el déficit anual recurrente y estructural de las cuentas públicas, que no es de origen “cíclico”, pues se mantiene incluso en momentos de crecimiento del PIB superiores al 3% anual. Tiene causas fiscales.
El déficit anual primario (impuestos menos gastos corrientes) que presenta la Comunidad se debe a la merma en los ingresos fiscales por la bonificación casi total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y la bonificación total del Impuesto al Patrimonio. Ambos significan una caída de la recaudación de más de 2.000 millones de euros. Unos “regalos fiscales” que aprovechan más intensamente unos pocos miles de adinerados madrileños. Como explicaremos en un artículo próximo, con los datos correspondientes a 2015 se constata que aun siendo las bonificaciones en ambos impuestos de aplicación general para todos los declarantes, la parte más grande del pastel, 1.800 millones euros, se las autoliquidan menos de 20.000 grandes contribuyentes. Esta medida fiscal es específica de la Comunidad de Madrid, que aparece con Esperanza Aguirre, mantiene Ignacio González, y su ha consolidado con el PP de Cifuentes y Ciudadanos.
La política de impuestos bajos junto con la previsión errónea de los ingresos fiscales explican que la financiación de la gestión de la Comunidad sea un modelo basado en el endeudamiento. Con recurrentes solicitudes de créditos al sector privado, haciendo que el pago de intereses sea una rúbrica de gasto que duplica las de Empleo, o Economía, Cultura, y supere el gasto en Justicia.
Los recursos destinados a la devolución de capital y al pago de intereses son medios que podrían destinarse a gastos que cubren necesidades sociales, y de reindustrialización y tecnologías. Gastos que son el futuro, que se han visto afectados por las políticas de ajuste y sus continuos recortes sin recuperar niveles de hace 10 años.
Desde que llegó Cifuentes al Gobierno, a este ritmo de endeudamiento, en 2018 la deuda de la Comunidad habrá aumentado en 7.500 millones euros. La solución no es otra que una reforma fiscal progresiva, que eleve el “suelo de ingresos” para garantizar la cobertura de aquellos gastos derivados de las necesidades imprescindibles de la sociedad, abandonando el sistema fiscal que han construido los diferentes gobiernos del PP y mantiene Cristina Cifuentes y Ciudadanos. Sólo así podremos conseguir un crecimiento inclusivo, y modelar un futuro económico sostenible para la Comunidad de Madrid.
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Eduardo Gutiérrez Benito es portavoz de Economía, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Marisa Bordón Ojeda es miembro del equipo técnico del G.P. Podemos en la Asamblea de Madrid.
