El Gobierno mantiene el pulso al Ejecutivo castellanoleonés e insiste en que desista de su intención de «actuar al margen del actual marco normativo» sobre el aborto. De no ser así, dice el Ejecutivo en un comunicado oficial, «actuará en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas». Es decir, se reserva la posibilidad de «emprender cuantas acciones legales resulten oportunas».
El Ejecutivo responde así al escrito de la Junta de Castilla y León en respuesta al requerimiento de incompetencia por actuaciones que pudieran vulnerar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En un comunicado de Moncloa, el Gobierno señala que a la vista de que el gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”, el Gobierno considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos,instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico.
Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores.
Sin embargo, matiza el Gobierno en su comunicado, en la comparecencia este jueves tras el consejo de gobierno, el portavoz del ejecutivo autonómico expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero — ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante. El portavoz reconoció que se trata de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero “sigue vigente”. Es decir, que el gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida.
El Gobierno central reitera su «preocupación» por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que considera que apuntan a una «voluntad de vulnerar» la legislación vigente en materia de
interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España «va a tolerar ni consentir».
Por ese motivo, el Gobierno, a través del Ministro de Presidencia, remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en la que se le recordará que «resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidenciacientífica y recogidas en las guías de práctica clínica».
Asimismo, se trasladará al ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, el Gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno actuará, como hasta la fecha, «en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas». A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de «emprender cuantas acciones legales resulten oportunas».
