El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel deben abstenerse en el Pleno donde se debatirá el recurso sobre la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Conde-Pumpido estrenaba la Presidencia en el Tribunal de Garantías fijando que el recurso sobre el aborto, que acumula 12 años y medio de retraso, se estudie en el Pleno del TC que se celebrará los próximos días 7, 8 y 9 de febrero. Dicho recurso fue presentado por el PP contra la Ley aprobada en el año 2010 por el Ejecutivo de Zapatero. El magistrado encargado de elaborar el borrador de sentencia es el conservador Enrique Arnaldo.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «Conde-Pumpido tiene que abstenerse ya que cuando era fiscal general del Estado con Zapatero avaló en el Consejo Fiscal la Ley. Además, las magistradas Montalbán y Espejel eran entonces vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se pronunciaron sobre la norma. Montalbán fue vocal a propuesta del PSOE y Espejel a propuesta del PP».
«El cuarto magistrado que debe abstenerse es el exministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, ya que formaba parte del Gobierno de Zapatero como secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley. Es una causa de abstención clarísima. Sin embargo, Conde-Pumpido ya ha trasladado a los magistrados del Constitucional que su intención es no abstenerse, al entender que no existe razón alguna para hacerlo», añaden.
Recordamos que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y magistrados deben abstenerse sin esperar a ser recusados tras «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».
Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que «el Pleno en la actualidad está conformado por 11 magistrados y no por 12, ya que el Senado no ha elegido al sustituto del conservador Alfredo Montoya, que abandonó el TC por enfermedad. Esto significa que el quórum del Pleno se establece en 8 magistrados. Si Conde-Pumpido, Campo, Montalbán y Espejel cumplen con su deber abstención, sólo quedarían 7 magistrados en el Pleno y no se podría discutir, ni votar la sentencia sobre el recurso del aborto, al no alcanzar el quórum mínimo de 8 magistrados».
El recurso sobre la Ley del aborto alcanzaría en junio los 13 años de retraso y ya va por su tercer ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo. Previamente, el también magistrado conservador Andrés Ollero, proponía declarar la Ley inconstitucional. Ollero había heredado a su vez la responsabilidad de resolver el recurso de su predecesora izquierdista Elisa Pérez Vera, en su caso, favorable a interrumpir la gestación de forma voluntaria en las primeras 14 semanas.
Sin embargo, ni la ponencia de Pérez Vera, ni la de Ollero llegaron a debatirse jamás en un Pleno del Tribunal Constitucional, ya que los distintos presidentes del Alto Tribunal nunca lo acordaron. Cuando se presentó el recurso del PP, la presidenta del TC era María Emilia Casas. Posteriormente, Pascual Sala heredaba la presidencia y después daba el testigo a Francisco Pérez de los Cobos, hasta la llegada de Juan José González Rivas años después y en última instancia Pedro González-Trevijano. Finalmente, Cándido Conde-Pumpido ha sido el presidente del TC que ha llevado el recurso al Pleno por primera vez.
La «injerencia legislativa» de Conde-Pumpido
Tal y como desveló este diario, Cándido Conde-Pumpido ha estrenado su mandato protagonizando una «injerencia en el Poder Legislativo» al llevar al Pleno del Tribunal de Garantías el recurso sobre el aborto mientras el Senado tramita la nueva Ley sobre esta materia, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Por tanto, dicho recurso se ve afectado por la nueva Ley y el Tribunal de Garantías va a interferir y se va a pronunciar antes de que termine la tramitación en la Cámara Alta.
Paradójicamente, Conde-Pumpido hace un mes se oponía frontalmente como magistrado a que el Constitucional aceptase la medida cautelarísima propuesta por el PP para frenar la tramitación en el Senado del asalto judicial del Gobierno de Pedro Sánchez a la justicia. En su voto particular, afirmó que al aceptar la cautelarísima se derbordaban «los límites de la justicia constitucional que opera en nuestro modelo mediante un control sucesivo de validez de la ley, posterior a su aprobación, y se convierte al tribunal en árbitro de los procesos legislativos, desnaturalizando los fundamentos de la democracia parlamentaria
