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La Ley del ‘sólo sí es sí’ de Irene Montero tiene también visos de «inconstitucionalidad»

La Ley del ‘sólo sí es sí’ del Gobierno elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero tiene también visos de «inconstitucionalidad».

La entrada en vigor de la Ley ha provocado una ola incesante de peticiones de revisión de condenas y de excarcelaciones de agresores sexuales por la rebaja efectuada en el límite de la pena mínima y la absorción del delito de abuso sexual en el tipo penal de agresión sexual. No obstante, dejando a un lado la revisión de condenas de la que advirtió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin ser escuchado, la Ley de Irene Montero también se enfrentaría a problemas por sus dudosa constitucionalidad en varios aspectos.

Expertos en Derecho Constitucional consultados por Libertad Digital denuncian que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del ‘sólo sí es sí’, «incluye como orgánicos preceptos que serían de Ley ordinaria y al revés».

Las Leyes Orgánicas, debido a la importancia de las materias que regulan, exigen un consenso político que se traduce en la exigencia de una mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación, mientras que las Leyes Ordinarias, únicamente requieren una mayoría simple.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan la «posible afectación a la seguridad jurídica de la Ley». Según sentencia del propio Tribunal Constitucional, la seguridad jurídica es «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad».

En este contexto, el artículo 9.3 de la Constitución Española sobre los Principios del Estado de Derecho señala que la Carta Magna «garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

Por último, las fuentes consultadas por este diario muestran «sus dudas con la proporcionalidad de algunas penas recogidas en la Ley». El principio de proporcionalidad tiene como función ajustar las sanciones administrativas a la infracción que se haya cometido.

Dicho principio opera siguiendo el artículo 25 de la Constitución: «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento… El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria».

Por tanto, estos tres aspectos citados con visos de «inconstitucionalidad’ podrían prosperar para impugnar la Ley del ‘sólo sí es sí’, tras presentarse un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional.

Recordamos que el PP ya ha presentado una proposición no de ley y trabaja en una proposición de ley para recuperar las penas a agresores sexuales previas a la actual normativa en vigor. Por su parte, Vox ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional la ley ‘sólo sí es sí’ y ha registrado una PNL para la reprobación y destitución inmediata de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Supremo no salvará a Sánchez

Tal y como publicó LD, el Tribunal Supremo no salvará al Gobierno de Pedro Sánchez con la ley del ‘sólo sí es sí’, elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El Supremo no tiene que unificar ninguna doctrina porque cada caso es diferente y por tanto, el Alto Tribunal sólo tiene que aplicar los criterios generales de la Ley, recogidos en el Código Penal y en la Constitución.

Por tanto, la Ley del ‘sólo sí es sí’ de Irene Montero «ya no tiene arreglo, no hay solución» y los agresores sexuales seguirán siendo excarcelados y el Ejecutivo sólo puede hacer una contrarreforma para evitar este problema en casos futuros. Aunque hicieran ya la contrarreforma, los condenados ahora se seguirían beneficiando de la Ley inicial de Irene Montero.

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