Se produjo la primera jornada del alegato del fiscal Federal Diego Luciani en la causa «Vialidad» por la obra pública, en donde denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a su esposo Néstor Kirchner, a quien los acusa de haber montado un auténtico y eficaz sistema de corrupción. el mismo duró ocho horas y media, en lo que fue la primera exposición de las nueve que dará junto a Sergio Mola. Se dispuso un cuarto intermedio y mañana continuará la jornada a partir de las 8:30.
Luciani, además, fustigó a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la «profusa prueba» producida durante el debate. El representante del Ministerio Público Fiscal comenzó diciendo: «Cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz».
En tanto, sostuvo hoy que hay una «enorme prueba relevante» para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una «asociación ilícita» encabezada por quienes «se desempeñaron como jefes de Estado». Y señaló al ex matrimonio presidencial y a su «amigo Lázaro Báez» como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.
Además agregó que las obras quedaron abandonadas tras la derrota electoral en 2015: «El abandono de los contratos dejó trabajadores desempleados, territorios sin conexión. Todas las obras adjudicadas a Lázaro Báez se hicieron con fraude en perjuicio a la administración pública».
Por su parte, Sergio Mola destacó que existió un fuerte vínculo entre el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez: «Es una relación que quema, como no va a pretender tomar distancia. Su estrechísimo vínculo está más que acreditado a partir de que de manera sostenida en el tiempo, se efectuaron entre ellos millonarias operaciones de compra y venta inmobiliarias».
Y agregó: «Se asfixiaba a las empresas para obligarlas a vender y ahí aparecía el único comprador posible, el que iba a ganar todas las licitaciones. Ahí aparecía Lázaro Báez, el amigo del presidente de la Nación (Néstor Kirchner). Estas eran constructoras que estaban instaladas en el mercado y tenían lo que era más difícil de conseguir paras Austral: la capacidad de contratación. Austral era nueva, no hubiera podido conseguir ninguno».
Además dio detalles de cómo se hacían las operaciones y presentó el testimonio del contador Merino. “En un momento el contador se refiere a que a estos tipos hay que hacerle caso, si no querés aparecer flotando allá”, contaba Merino en un video. “Nos miramos con la contadora y no supimos que hacer. En ese entonces mi hijo más chico tenía unos siete años. Lo llevaba en transporte escolar a la escuela y lo dejaba a una cuadra. Mi temor fue tal que iba todos los días para esperarlo y acompañarlo”, llegó a decir el hombre antes de que su relato se interrumpiera porque se emocionó. A veces las imágenes valen más que muchas palabras” remarcó.
Y dio información del cambio drástico de Lázaro Báez, de ser monotributista al contratista más importante de Santa Cruz: “Es absolutamente chocante al sentido común que una persona que era monotributista, sin bienes, sin conocimientos específicos en la materia montara semejante estructura y que la administración pública ni se inmutara”, advirtió.
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF, que pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, sostuvo el abogado Leandro Ventura.
La UIF solo pidió penas menores para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así.
LA IMPUTACIÓN
El Ministerio Público Fiscal sostuvo durante la investigación que Cristina Kirchner estuvo a la cabeza de una “estructura criminal” a modo de asociación ilícita. Y que la obra pública vial fue el medio propicio para obtener dinero del Tesoro Nacional”. Y señala que la familia Kirchner “convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”. Respecto del activo de la empresa de Báez que ganó 51 licitaciones en 11 años, la Justicia determinó que fue de un 42.678 por ciento.
Para llegar a esos números se analizó el crecimiento sostenido en los bienes de Báez desde el año 2002 al 2014. En 2002 declaró bienes por 1.123.181 pesos. Ya para el 2014, su declaración incluyó bienes por un valor de 137.373.319 pesos, “de ello se deduce que el período señalado los bienes de Báez aumentaron en orden al 12.131 por ciento”. La justicia después le atribuyó una fortuna de 205 millones de dólares. Estas conclusiones surgen de la instrucción, que, según fuentes judiciales, se complementó y reafirmó con los testimonios escuchados durante las audiencias y el aporte de material de prueba.
Otro de los conceptos a los que arribó el Ministerio Público indica que cada uno de los imputados cumplió un rol que permitió “un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”. El argumento se basa en lo que consideran fueron diversas irregularidades que se desprenden de los informes de las licitaciones y que expusieron “la configuración de un esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Báez”: desde connivencia y tráfico de información con Báez, falta deliberada de controles, pagos anticipados con resoluciones hechas a medida, designación de personas que habían trabajado en Austral Construcciones en puestos claves en Vialidad Provincial (comitente de las obras)”. Todo expuso, para los acusadores, “la complicidad de funcionarios”.
A las irregularidades administrativas, se sumó el caso reiterado de “simulación de la competencia de precios, para asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”: competían en algunos casos, sólo empresas del holding, el triunfo estaba garantizado. Como parte de la misma maniobra, se expuso durante el juicio otro factor: los incrementos derivados de las redeterminaciones de precios y sus sucesivas modificaciones presupuestarias.
