Los integrantes de la Corte suprema de justicia de la nación / CSJN
Al cabo de una jornada de suspenso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió posponer una definición en el caso que enfrenta al gobierno nacional con la Capital Federal por el recorte en la coparticipación de impuestos que sufrió la CABA en 2020, dispuesto por la Casa Rosada en medio de una protesta policial en la provincia de Buenos Aires.
La cuestión iba a discutirse ayer pero el tema fue retirado de la agenda de la reunión de acuerdos sobre la marcha. Trascendió que fue por decisión del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, supuestamente enojado porque se había hecho público, casi dado como un hecho, que el fallo saldría sobre el mediodía y que sería favorable a los intereses porteños. No habrían estado de acuerdo el resto de los cortesanos con la postergación. El dato agigantó las versiones de una supuesta fuerte presión del Ejecutivo nacional para dilatar la definición hasta el año que viene.
EL ANHELO DE LARRETA
El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, espera ansioso el fallo. Sueña con que la Corte le dé la razón y obligue al gobierno nacional a restituirle los fondos que le guadañó hace dos años. De esa forma, comentan fuentes de la CABA, podría anunciar una baja de impuestos en la Capital durante el año electoral que se avecina. En términos conceptuales, la disminución de la presión impositiva es un caballito de batalla del PRO, pero Larreta debió aumentarla cuando se vio privado de esos ingresos que terminaron yendo para su vecino, Axel Kicillof.
La semana que viene no hay reunión de acuerdo de ministros prevista. Podría tratarse el tema los jueves 6 y 13 de diciembre para emitir una sentencia. La Corte Suprema, en un proceso de marcación de independencia, parece no estar dispuesta a que sectores políticos le marquen los tiempos por lo que, en rigor, resulta una quimera arriesgar si la cuestión tendrá resolución antes de fin de año.
BREVE RESEÑA
La causa -en realidad son dos expedientes- la inició la CABA en 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación dispuesto por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto, el 735 de septiembre de ese año, y luego de una ley nacional, la 27.606 de diciembre.
Rodríguez Larreta solicitó a la Corte que declare la inconstitucionalidad de estos instrumentos y el pago de una suma que compense la pérdida de fondos sufrida desde entonces.
CUESTIONAMIENTO
¿Que hizo el gobierno de Alberto Fernández? Cuestionó como argumento para ese recorte la legitimidad de un decreto del ex presidente Mauricio Macri, el 194/2016, por el cual se elevó de 1,40 a 3,75 el porcentaje que recibía la CABA -su pago chico político- de la masa de fondos coparticipables, bajo el argumento de que estaba recibiendo menos dinero del que le correspondía y que era necesario porque se le traspasaba la Policía Federal. La Rosada albertista consideró que esa suba era arbitraria.
Estamos hablando de miles de millones de pesos, tanto los que se le dieron a la Capital con Macri como los que le sacaron luego. A valores de fines de 2015, más de 13 mil millones de pesos. Actualizado, es varias veces más alto. Fernández explicó el recorte en que ese dinero se desviaría a la Provincia de Buenos Aires.
En ese momento, Kicillof enfrentaba una suerte de rebelión de la fuerza por los magros salarios que cobraban los agentes en comparación con sus pares de la Federal y, justamente, de los de la Ciudad.
LA CORTE ACEPTÓ SU COMPETENCIA
Más allá que no se resolvió lo de la coparticipación, en la reunión de ayer de la Corte hubo una resolución colateral vinculada al caso. El tribunal aceptó su competencia originaria -o sea, serán los que decidan- respecto de dos reclamos iniciados a raíz de que, luego de la quita de coparticipación y como una forma de compensar esa pérdida, el gobierno de la Ciudad impuso nuevos impuestos: el pago de ingreso brutos a operaciones financieras reguladas por el Banco Central pero que no tributaban en CABA y la obligación de un nuevo tributo a los gastos con tarjetas de créditos emitidas por los bancos domiciliados en el distrito. Es parte de lo que ahora Rodríguez Larreta dice que quiere revertir, si la Corte falla a favor de su administración y le devuelve los fondos recortados.
