«Es centralmente hoy un problema del Poder Judicial de Jujuy; y además, es parte del aprendizaje del respeto institucional que tenemos que tener, si tenemos por delante el enorme desafío de reconversión y de efectividad de las instituciones», afirmó Peña.
El funcionario formuló sus declaraciones en Radio Con Vos mientras, en Jujuy, la líder de la Tupac Amaru -investigada por diferentes causas- arribó a la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) de esa provincia, donde comenzó a desarrollarse el juicio en su contra como presunta instigadora de amenazas en el 2009 al entonces senador nacional y ahora gobernador Gerardo Morales, a raíz de un «escrache» en el que le arrojaron huevos.
Ajeno a esta situación particular y en términos generales, Peña manifestó que el Gobierno cree en la necesidad de «apertura y transparencia total» de la causa hacia «todos los organismos internacionales de Derechos Humanos, a quienes invitamos a la Argentina y a Jujuy, para que se interioricen y den sus opiniones», recordó el funcionario en referencia a la invitación cursada por la Cancillería argentina.
Además diferenció la detención de la líder de la Tupac Amaru de la del activista Leopoldo López en Venezuela, al sostener que «una situación no tiene nada que ver con la otra».
Marcos Pea en #YAQPA: «invitamos a todos los organismos internacionales a que vengan a la Argentina, vayan a Jujuy y se interiorizen.»
Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) 15 de diciembre de 2016
Sala ingresó este jueves al tribunal custodiada por personal del Servicio Penitenciario Federal previo ser trasladada desde la cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero a la sede del TOF de la calle San Martín.
De acuerdo con lo previsto, tras la jornada de este jueves, están programadas audiencias para la próxima semana el 18, 20 y 21 de este mes.
El tribunal de Jujuy declaró en mayo pasado prescripta la acción penal pero luego la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el juzgamiento de Sala y dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, por presuntas amenazas coactivas y daño agravado, con diferencias en cuanto al grado de participación que le cupo a cada uno de ellos en los hechos imputados.
En el marco de este expediente, el entonces senador y ahora gobernador jujeño Gerardo Morales es querellante.
