Firmantes de paz desplazados de Ituango: más seguros pero con más carencias

Desde el centro educativo rural (CER) La Fortuna, una pequeña escuelita al borde de la carretera que conecta a Mutatá y Chigorodó, en el Urabá antioqueño, una persona podría tardar 45 minutos caminando o 20 en moto para llegar al predio Becuarandó. Allí se ubica el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

En ese lugar —137 hectáreas— viven 139 personas: 66 de ellos, firmantes de paz. Para entrar hay que atravesar una carretera llena de huecos, lomas y tramos enlodados que hacen que las botas pantaneras se entierren a cada paso, de modo que hasta los vehículos más guerreros pueden atascarse. 

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En la travesía, las personas a bordo se tienen que echar los bultos al hombro para cruzar en dos ocasiones una quebrada en la que el agua llega hasta un poco más abajo de la rodilla, aunque el invierno o verano alteren esos niveles.

​Pese a la dificultosa forma para llegar a los dos predios destinados por el Gobierno para esta población (el otro es llamado El Porvenir), los excombatientes cuentan que al menos ya hay una vía de acceso, pues hace un año y un mes, cuando llegaron tras desplazarse más de 300 kilómetros, la situación fue más compleja. Ellos llegaron a un predio baldío en búsqueda de unas mejores condiciones de seguridad, pero se encontraron otros problemas.

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En su momento, 93 personas del ETCR ‘Román Ruiz’ —un jefe de la extinta guerrilla de las Farc que comandó por más de 20 años el frente 18 y tenía presencia en el Nudo de Paramillo— se asentaron allí tras su dramática salida de Ituango.

A Mutatá llegaron con sus corotos, cruzaron con grandes inconvenientes la trocha por la que antes había que llegar hasta el sitio, lo que implicaba una caminata más larga y luego pasar una quebrada o, en su defecto, hacer un cruce más largo por el mismo afluente.

Entre Gobierno y el Partido Comunes —el hoy partido político de las antiguas Farc— pactaron su salida de Ituango luego de que 12 reincorporados fueron asesinados.

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Además de las muertes, las constantes amenazas a los reincorporados, los actos de violencia en cercanías al antiguo ETCR y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos de seguridad decidieron la salida de la región.

Pasó una semana o un poco más para que pudieran instalarse en el sitio pues, según cuenta uno de los líderes del espacio, llegaron a un terreno de 137 hectáreas sin nada: ni casas, ni agua, ni servicios para quienes dejaron las armas y cuatro años después tuvieron que huir de la violencia provocada por la disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 36 y 18 de las Farc.

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Por ello, su primera parada fue la Nueva Área de Reincorporación (NAR) San José, ubicada cerca de la ETCR y que les sirvió de refugio mientras construían los cambuches de plástico en el que vivieron hasta mediados de este año, cuando la Agencia para la Reincorporación y la Normalización entregó viviendas temporales de madera, con 36 metros cuadrados de área.

Hasta el 12 de agosto, otra carencia era el acueducto, pero la ARN les instaló una solución temporal de la que los excombatientes cuestionan su efectividad.

“Lo de Ituango era una cosa que se veía venir. Eso era un desplazamiento anunciado”, apuntó Valentín Betancur, reincorporado y uno de los líderes del ETCR de Mutatá que hizo parte del proceso para la búsqueda de un espacio para la reubicación. En sus palabras, salir de ese municipio del norte de Antioquia fue “maravilloso” y hoy dice estar más tranquilo.

Tres personas cuentan con esquemas de seguridad individuales y seis carros conforman el esquema de seguridad colectivo que los custodia. No se han registrado muertes ni amenazas, pese a que se conoce que en la zona hay presencia de dos actores armados: el ‘clan del Golfo’, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y el Eln.

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Betancur reafirmó que a diferencia de Ituango, donde se encontraban en la mitad de la disputa de los grupos armados, estar en Mutatá les permite salir sin ser cuestionados ni amenazados.

“Yo de eso sí no tengo reparo porque fui uno de los más perjudicados con el caso de Ituango. Yo, como líder, fui uno de los que empezamos a recibir amenazas, no se sabe de quién. Entonces, sí era mejor salir de allá. Cuando amenazaron varios líderes y mataron excombatientes dijimos: aquí no podemos estar, nos toca estar más retirados del conflicto que se está viviendo en Ituango”, detalló el hombre, que fue amedrentado por medio de panfletos, llamadas y hasta golpes a su puerta.

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El clima, otro reto

Al arribar al sitio, la primera zona que se encuentra es conocida como el barrio Dos, donde están en pie algunas de las 63 pequeñas casas en madera que se construyeron en el sitio. También instalaron tres aulas y un puesto de salud. Luego, hace falta cruzar una vez más la quebrada para llegar al lugar donde están la mayoría de los firmantes de paz y sus familias.

Es jueves por la mañana y en un cambuche de los antiguos, que aún sigue en pie, hay una tienda donde algunos de ellos se encuentran departiendo. Diagonal está el puesto de salud coordinado por la ARN, en el que, con lista en mano, llaman a los excombatientes para que se les ponga la vacuna contra el covid-19. De fondo se ven los niños columpiándose en un pequeño parque, pues asistir a la escuela es difícil debido a las largas distancias para llegar a los centros educativos.

“Por ahora están con talleres, pero no sabemos qué hacer. Si ellos no entienden, quién les va a explicar”, narró una de las madres, sobre la realidad de 45 niños, niñas y adolescentes que, en su mayoría, están matriculados en una escuela del corregimiento Caucheras, pero que por la complejidad de salir e ingresar al territorio han tenido que tener a sus hijos en educación en casa, anhelando estar en las aulas.

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Al fondo del espacio se ven los tanques de las redes hidráulicas y sanitarias que fueron instaladas en agosto como una solución temporal al problema del acueducto. Ellos insisten en que falta una solución de fondo y la ARN asegura que planea construir una planta de tratamiento de aguas residuales que cumpla con todos los requisitos normativos.

Mientras tanto, la inclemencia del clima hace de las suyas: si llueve, el agua es sucia; si hace verano, prevén que escaseará.

Las lluvias en suelo antioqueño dejan rastros de humedad debajo de las pequeñas casas que flotan en palos de madera que brotan del piso. “Esto todo se inunda”, comentan señalando el suelo terroso.

Aun así, quienes habitan este sitio no permanecen mucho tiempo dentro de sus pequeñas casas por el calor y la humedad.

Sin recursos para continuar

Yerlis Edith Ballesteros, excombatiente y fundadora del Colectivo Amaranta, grupo con enfoque de género que existe desde hace cuatro años, explicó que para varios proyectos lo que falta son recursos económicos que les permitan avanzar a ella y a 41 personas más que hacen parte del colectivo, 34 de ellas mujeres. Tienen, dentro de sus funciones, importantes proyectos productivos para que esta comunidad logre un sustento.

“Uno de los problemas para avanzar es el que tiene que ver con confección, panadería, tienda y todo eso ha sido el recurso. Tenemos las máquinas, pero no sabemos coser en ellas, necesitamos capacitación; en la panadería también pasa lo mismo: tenemos la maquinaria, pero no sabemos hacer pan”, dijo la mujer que viste una camiseta blanca con consignas en contra del feminicidio y con logos de las extintas Farc.

Por lo pronto, esperan conseguir recursos para reubicar la tienda en un sitio con mayor visibilidad para los visitantes del ETCR, pues ahora no se logra divisar entre las casas de madera y la única de ellas de material, con paredes blancas y techo rojo. También han solicitado a la Alcaldía de Mutatá apoyo para sus proyectos y esperan recibir capacitación en enfoque de género, para poder transmitirlos a niños, niñas y sus demás compañeros.

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Según la ARN, 62 personas ubicadas en este antiguo ETCR cuentan con una idea de negocio, de los cuales ocho corresponden a proyectos individuales y 54 a colectivos, aunque aclaró que la ubicación de la persona puede diferir de la ubicación del proyecto.

Desde su llegada el 15 de julio de 2020, cuando se desplazaron con los planes productivos de gallinas ponedoras y ganadería, esta comunidad de excombatientes ha incluido otras formas de sustento en el territorio: se dieron a la tarea de saber qué producía esta tierra, cuánto se demoraba y qué se comercializaba. Y empezaron a capacitarse en esos aspectos.

Los más preponderantes en la alta montaña, que precede la zona de las casas, son los cultivos de piña que pueden divisarse en la lejanía y detrás de la cancha. Este último es el espacio en el que se conectan con la comunidad, dado que allí han realizado tres campeonatos de fútbol. Otros sembrados son los de plátano, maracuyá y cacao, con lo que forjan ahora su actividad productiva para la cooperativa que formaron y que también trajeron desde Ituango, después de tres años.

Aunque los proyectos van avanzando a paso lento, para los excombatientes uno de los puntos en los que más ha incumplido el Gobierno Nacional es el de la tierra, consignado en el acuerdo de paz y que prometía una reforma rural integral.

“Detrás de la reforma integral está lo que es el acceso a la tierra, la vivienda, la salud, la educación, la reincorporación. Nosotros hicimos el acuerdo, firmamos un documento individualmente, con la intención de que el Gobierno dijera: ‘venga, aquí está su tierra, trabaje en su tierra y cultive y sobreviva’, pero el Gobierno no lo ha hecho”, opinó Betancur.

En la misma línea, Pastor Alape, quien ahora representa a los excombatientes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), señaló que lo que debió haber pasado es que la Agencia Nacional de Tierras formalizará las tierras para los firmantes de paz, de modo que se pudiera invertir y hacer préstamos para los cultivos.

“Los bancos deberían otorgar una línea financiera blanda para poner a las comunidades a producir y juntarlo con la sustitución de cultivos y las empresas que pusieran sus ojos por medio de la Responsabilidad Social Empresarial”, manifestó.

Pero para ellos, aclaran, es importante seguir apostándole a la paz. “Para construir paz hay que luchar. No con las armas, con la palabra es posible resolver las cosas”, dijo Valentín, a quien se le pueden ver sus heridas de guerra.

En el 2008, en el nudo del Paramillo, en Tierralta (Córdoba), una mina que él mismo había instalado le arrebató parte de los dedos de su mano derecha y toda la muñeca de la izquierda.

Valentín dice que eso “fue en la guerra” y que ahora, en la paz, él y sus compañeros están dispuestos “a ir abonando para ir construyendo país”.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA
ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO
En Twitter: @Melissalvarez3