GUANTÁNAMO, Cuba.- El respeto a la soberanía de los Estados es uno de los principios medulares del Derecho Internacional Público. ¿Pero, debe ser así cuando los gobiernos violan elementales derechos de sus ciudadanos?
No se admite que ningún gobierno interfiera en los asuntos internos de los demás. Ese principio ha llevado a pensar a algunos de los abundantes sátrapas existentes, que pueden cometer los más disímiles abusos y crímenes, e invocar el sacrosanto respeto a la soberanía nacional como argumento jurídico válido para prolongar esas acciones, una posición que lamentablemente es apoyada por muchos gobiernos en la Organización de Naciones Unidas (ONU), incapaz de frenar a las dictaduras porque no ha implementado mecanismos eficaces para impedir la violación masiva y sistemática de elementales derechos humanos. A ello contribuye el ominoso derecho al veto en el Consejo de Seguridad.
La soberanía reside en todo el pueblo, no sólo en una parte de él. Cuando esto último ocurre no puede hablarse de una soberanía efectiva.
Una de las características de las dictaduras de la izquierda, presuntamente revolucionaria, es que se establecen en el poder con el anuncio de que lo hacen para liberar al pueblo de la explotación capitalista y sacarlo de la pobreza. Bastan apenas unos pocos años para constatar cómo elementales derechos humanos son limitados o eliminados, y que los “libertadores del pueblo” devienen en una nueva clase dictatorial que lo sume en una mayor pobreza que la existente cuando tomaron el poder, al tiempo que le impiden ejercitar la soberanía. Eso es lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En nuestro país, tanto la Constitución de 1976 como la recientemente impuesta de forma antidemocrática, declaran que la soberanía reside en el pueblo. Pero los cubanos participamos muy poco en la toma de decisiones importantes, y cuando eso sucede ̶ como en el reciente referendo ̶ no existe ninguna forma de control popular, ni se aprecia transparencia en el proceder del gobierno. Por eso la frase que aparece en ambas constituciones es formal. De hecho, los cubanos no podemos elegir a ninguno de los ciudadanos que ocupan u ocuparán los cargos más importantes del país, léase el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular ̶ que ahora, a la vez, será el del Consejo de Estado ̶ al Primer Ministro, ni a quienes dirigen la provincia o el municipio.
Tampoco podemos elegir a los jefes de la policía, ni a los jueces y fiscales, ni tenemos participación efectiva y decisoria en la elaboración de las leyes. Los cargos mencionados son ocupados por personas designadas por el partido comunista y un grupo de ciudadanos subordinados a él, que representan muchísimo menos del 1% de los electores con derecho al voto. Si ahora mismo surgiera la iniciativa ciudadana de celebrar una votación para elegir al Presidente de la República, y a ella se presentaran como candidatos algunos de los más conocidos líderes de la oposición pacífica, aunque esas elecciones no fueran reconocidas por la dictadura cubana, desde el punto der vista de la moral, la justicia y la soberanía, tendrían más validez que la que va a efectuar próximamente la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde por los 8 705 723 cubanos con derecho al voto ̶ según el periódico Granma del 1 de marzo del 2019 ̶ decidirán sólo 605 ciudadanos, que representan el 0.0069 %.
Bastaría que sólo 606 cubanos votaran por alguno de esos candidatos independientes para afirmar que el seleccionado tiene más derecho a ocupar ese cargo que al que designen los diputados de las votaciones unánimes, todos subordinados al partido comunista. Estas razones bastan para refutar la afirmación constitucional de que la soberanía reside en el pueblo de Cuba, una burla extraordinaria a la inteligencia humana.
En Venezuela, el chavismo no sólo ha producido un evidente retroceso económico, sino que ha coartado la libertad de prensa, de palabra, de asociación, y ha tomado el control absoluto de la estructura encargada de las elecciones para prorrogarse indefinidamente en el poder, a pesar de la insatisfacción popular con Nicolás Maduro. Se cuentan ya por miles los ciudadanos muertos en las calles como consecuencia de la represión gubernamental desde que Maduro tomó el poder, y por millones los venezolanos que viven en la extrema pobreza. Millones son también los que han optado por salir del país. Sin embargo, los gobernantes chavistas aseguran con total desparpajo que en Venezuela no hay ninguna crisis humanitaria.
Una represión similar continúa en Nicaragua desde hace varios meses. Daniel Ortega y sus subordinados tildan de terroristas a quienes les han plantado cara sin más armas que los adoquines arrancados de las calles. Lo cierto es que esas fuerzas están formadas por estudiantes, jóvenes trabajadores y gente de pueblo que han sabido levantarse a tiempo contra lo que evidentemente es otra dictadura. Las víctimas del único terrorismo que ahí ha existido ̶ el impuesto por las fuerzas represivas del sandinismo ̶ se cuentan en más de quinientas, aunque para el Granma y los medios oficialistas cubanos no son seres humanos.
Nadie que esté en sus cabales desea una guerra ni la violencia para su país. Pero ante situaciones como las narradas, la invocación del respeto a la soberanía es otra burla a la inteligencia humana, porque en los países mencionados un grupo de personas, aupado en el poder, ha secuestrado para su beneficio este derecho, impidiendo que el pueblo haga uso efectivo de él.
El concepto de soberanía limitada gana cada día más adeptos en la comunidad internacional, pues no resulta decente, justo, ni moral, que se permita a un partido o a un reducido grupo de ciudadanos arrogarse sólo para sí lo que debe constituir un derecho de todo el pueblo. Es indigno que se enarbole ese principio para continuar reprimiendo, encarcelando y asesinando.
La hipocresía política reinante en el mundo y en la ONU es evidente pero no impedirá que la verdad y la justicia se impongan.
