Según se ha publicado, a 31 de diciembre de 2020 ya había 186.714 nuevos empleados públicos, la mayoría a dedo, por lo que redondeando supongo que a estas alturas, ya andamos por las 200.000 nuevas incorporaciones al “pesebre” del sector público.
Mientras el número de desempleados anda por los seis o siete millones de personas, hay 900.000 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo, Ertes, que finarán el 31 de mayo, salvo que vuelvan a prorrogarse, y que, por desgracia, la mayoría acabarán en el paro, el sector público no para de crecer.
Pero no sé de qué me extraño.
El “gran” Zapatero, quiero decir el gran inútil de Zapatero, aumentó el número de paniaguados en más de medio millón de personas, mientras el país se iba, literalmente, a la ruina.
Y tras siete años y medio de “gerencia” del PP, pues el PP actuó con España como si fuera una empresa, preocupándose solamente de la economía, y no demasiado, pues fueron incapaces de reformar la seguridad social, por ejemplo, aumentando la corrupción y el despilfarro, autonómico y estatal, ahora hemos vuelto a la égida socialista y comunista, que gastan como si no hubiera un mañana.
En el último decenio, que podríamos llamar la década prodigiosa zapateril, el número de empleados públicos aumentó en medio millón de personas, a los que debemos sumar los doscientos mil del sanchismo –y eso solo por ahora-, lo que hace un total de más de setecientas mil personas.
Pese a las medidas de congelación del número de trabajadores públicos aprobadas por el gobierno central, por las exigencias de la Unión Europea, y para hacer el paripé, las numerosas administraciones públicas existentes han hecho de su capa un sayo y siguen inventando nuevos empleos públicos, por supuesto sin respetar los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Son legiones los nuevos “no funcionarios”, ingresadas a dedo, del presidente o consejero autonómico correspondiente, presidente de diputación, de comarca o de ayuntamiento, por no hablar de las más de cuatro mil empresas públicas y de la “no selección” de sus trabajadores con los criterios antes mencionados.
Todos somos conscientes de que en las empresas privadas la selección es arbitraria, pues prima el amiguismo, la familia, etc., en definitiva el clientelismo. Con su pan se lo coman, pues al fin y al cabo el empresario arriesga sus euros, y si los empleados que contrata no son los idóneos, seguramente los clientes quedarán descontentos, y a la larga y a la corta, la empresa se resentirá del mal funcionamiento. Pero parece que ahí el derecho no puede entrar a regular la contratación, salvo casos claros y notorios de discriminación, por razón de la edad, sexo, raza o religión.
Ahora bien, en el sector público, que mantenemos todos con nuestros impuestos, parece obvio que debe primar la igualdad de oportunidades y el respeto más escrupuloso a los principios constitucionales de publicidad de las ofertas, y selección de las personas con mayores méritos y capacidad.
¿Qué sucede en la práctica? Pues en general, y salvo excepciones, exactamente lo contrario. Hoy en día la mejor forma de hacer carrera funcionarial es afiliándose al PP – SOE, es decir a uno de los dos grandes partidos que llevan camino de alternarse en el desgobierno de España, hasta que el barco se hunda (que vamos camino de ello).
A la hora de ingresar, promocionar, ser nombrado para cargos de confianza -actualmente hasta los conserjes son cargos de confianza-, etc., prima, única y exclusivamente, la docilidad personal, la sumisión más absoluta, la fidelidad inquebrantable al régimen, al igual que en tiempos de Franco había que jurar fidelidad al Movimiento Nacional.
El Código Penal ha intentado, tímidamente, poner veto a este cachondeo –que realmente es una tragedia-, estableciendo en sus artículos 405 y 406 los tipos penales siguientes:
A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con la pena de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.
Como podemos ver, las penas son mínimas, irrisorias, y no creo que consigan disuadir a nadie de seguir delinquiendo, y más en un contexto de más de seis millones de parados, donde conseguir un empleo público es equivalente a recibir el premio gordo en la lotería.
Cuestión distinta sería que estos delitos se considerasen como penas graves, castigándose con penas de prisión de tres a cinco años, por ejemplo, de forma que sus autores acabasen con sus huesos en cualquier prisión. Seguramente los cargos políticos se lo pensarían bastante antes de cometer estas fechorías. Como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios.
Y es que nuestros políticos serán mangantes y sinvergüenzas –no todos, pero sí la mayoría-, pero no tontos…
*Abogado y escritor.
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