El 25 de septiembre la ministra de Hacienda llegó a su primer acuerdo de financiación con la Generalitat en 10 años. María Jesús Montero acordó con el vicepresident Pere Aragonès saldar en cuatro años 1.459 millones de deuda del Estado pendiente con Catalunya, incluida una cantidad para cumplir una sentencia del Supremo relativa a la aplicación en el 2008 de Disposición Adicional tercera del Estatut, que garantiza un nivel de inversión en Catalunya similar al peso de la comunidad en la economía española (en torno al 18%). Una semana después, el ‘president’ Quim Torra lanzó un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez, amenazando con retirar en un mes el apoyo del PDCat y de ERC al Gobierno si antes no había un compromiso para hacer un referéndum. Al día siguiente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió a EL PERIÓDICO en la sede del Ministerio.
¿Las declaraciones de Torra ponen en peligro el acuerdo para empezar a pagar deudas pendientes del Estado con Catalunya?
Nuestro acuerdo es de cumplimiento de legalidad. Y la legalidad se cumple en todo caso. Es importante que también se tome nota de esto en el Gobierno de Catalunya. Lo que sí es verdad es que para poder aplicar el acuerdo tiene que haber Presupuestos y para eso el Gobierno precisa el apoyo de los grupos políticos. Sería una absoluta contradicción ir a las comisiones mixtas para conseguir que se le reconozca a Catalunya aquello que por derecho le pertenece pero no apoyar el instrumento que lo hace posible.
¿Cuánto puede perder Catalunya si no hay unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2018?
Catalunya no podría percibir casi 2.200 millones de euros. No tendría acceso a 989 millones adicionales en las entregas a cuenta, ni a la posibilidad de contar con dos décimas más de déficit, lo que supone otros 490 millones. Tampoco se podría corregir el desfase en la participación de las autonomías en la recaudación del IVA, una cuestión que representa unos 339 millones para Catalunya. Ni se podrían dotar los 350 millones para cumplir con la sentencia del disposición adicional tercera y el acuerdo para financiar los Mossos d’Esquadra.
«Catalunya dejará de ingresar casi 2.200 millones si no hay un nuevo Presupuesto del Estado»
¿El reconocimiento del nivel mínimo de inversión para Catalunya en el 2008 se extenderá a ejercicios posteriores?
La sentencia que tenemos que cumplir se limita al 2008. Nosotros somos responsables de lo que ocurra a partir de ahora con los Presupuestos y la voluntad del Gobierno es que se respete la disposición adicional tercera y que la participación de Catalunya en las inversiones sea la que estipula el Estatuto de Autonomía.
¿De cuántos millones estaríamos hablando?
Depende de la inversión total del Estado. Sobre ese total a Catalunya le correspondería el 18%.
¿Será la primera vez que se va a cumplir la disposición adicional tercera desde que se aprobó el Estatut?
Probablemente. Nuestra voluntad es intentar cumplirlo y si no puede ser, habrá que hacerlo por fases.
«La voluntad del Gobierno es que la participación de Catalunya en las inversiones sea la que estipula el Estatut»
¿Si no hay apoyos para aprobar un nuevo Presupuesto, mantendrán los del PP y Ciudadanos?
La ley es clara. Si no hay nuevos Presupuestos, los que ya hay entran en prórroga de forma automática. Si no hay Presupuestos, no los hay para nadie, para ninguna política, para ninguna comunidad autónoma. No podríamos mejorar la sanidad, ni las pensiones, ni revertir los recortes en educación o mejorar vivienda pública. Es difícil de explicar que eso vaya a ser así por un motivo ideológico, como ha dicho el señor Torra
¿Si no hay esas cuentas públicas estaríamos más cerca de un adelanto electoral?
Yo no diría eso. La no aprobación del Presupuesto merma la capacidad legislativa, pero no la anula y le corresponde al presidente calibrar si el margen que tiene resulta satisfactorio para revertir recortes e impulsar nuevos derechos. Eso solo le corresponde al presidente.
¿Qué margen tiene el Gobierno para ofrecer a Catalunya un sistema de financiación más a medida?
Lo más importante es que Catalunya participe en los órganos multilaterales donde se va a discutir el nuevo modelo. No va a haber conversaciones que suplanten la participación de Catalunya en esos órganos. En la primera reunión, convocada para determinar cuántos son los recursos que necesitan las comunidades, sí participó el Govern. Eso es una noticia fantástica y pone de manifiesto que el Gobierno catalán está preocupado por la financiación de Catalunya y evidentemente tiene que discutirlo con el resto de los territorios.
¿Podrán formular alguna oferta que seduzca a Catalunya?
El reparto de los recursos se tiene que hacer de forma equitativa. Los ciudadanos no pueden percibir diferencias importantes en términos de que una comunidad esté mejor financiada que otra, cosa que sí ocurre ahora, donde hay diferencias de financiación por habitante de 800 euros.
¿Catalunya está infrafinanciada?
Todos los territorios están infrafinanciados. Probablemente en el nuevo modelo todas las comunidades tienen que ganar.¿Eso en qué se tiene que traducir? pues por ejemplo en si tiene que haber una mayor participación en el IVA o en los impuestos especiales o mayor capacidad normativa. Se trata de hablar del estado de bienestar y de qué coste tiene y acompañarlo con la misma recaudación que ya tiene España para que esos recursos caminen hacia la educación, la sanidad o la dependencia.
«Todas las comunidades están infrafinanciadas. En el nuevo modelo todas tienen que ganar»
¿Prevén retirar el control de las facturas que se impuso a la Generalitat en noviembre del 2015?
De la misma manera que el Gobierno ha sido my claro en el sentido de que no hay hechos objetivos que aconsejen la aplicación de un nuevo 155, tampoco hay ningún hecho objetivo que aconseje o invite a que se retire ese control reforzado. Las declaraciones que permanentemente hace el Gobierno catalán no van en la dirección de garantizar que el uso del dinero público se destina a los fines para los que está concebido.
El Gobierno catalán no ha trasladado ninguna garantía que invite a retirar el control reforzado. Yo entiendo que eso supone una incomodidad para la gestión de las cuentas públicas, pero al mismo tiempo supone la garantía para todos de que no se va a usar con fines ilegales o directamente que no estaban previstos.
¿Pudo haber malversación de fondos ante el 1-O?
No me atrevería a hacer una afirmación de ese tipo. No tengo conocimiento. Hay que dejar que la Justicia actúe. Y esto es algo que le está costando aceptar el Gobierno de Catalunya, que ante el poder judicial no se puede producir interferencia de ningún tipo.
¿Está de acuerdo con que las pensiones se actualicen con el IPC o es preciso tener en cuenta otros factores?
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Pacto de Toledo, que aconseja vincular las pensiones al IPC dentro de un marco global en el que todavía hay que profundizar en otras cuestiones, como la sostenibilidad futura del modelo. Lo que es innegable para el Gobierno socialista, es que los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo. Es de justicia.
¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad del sistema?
El Pacto deToledo tiene que ver cuáles son las fuentes financieras del sistema. Pero yo creo que el Presupuesto del 2019 tiene que ser también el preámbulo de un trabajo que hay que desarrollar a lo largo de todo el año para despojar a la Seguridad Social de algunos gastos que podría asumir la Administración General del Estado. Hablamos, por ejemplo de los gastos administrativos o de las bajas maternales o paternales, que no son una prestación contributiva. Si además hay que plantear variables a medio plazo, le corresponderá al Ministerio de Trabajo y a los expertos calibrar cómo se tiene que medir. Pero hoy por hoy nuestro compromiso con los pensionistas es claro. Y ahí no hay diferencias entre Economía, Trabajo, Hacienda… todos estamos a una.
¿Qué va a pasar en el 2019?
Para el 2019 está garantizado, si hay Presupuesto, que las pensiones van a subir con el IPC y que habrá una paga para compensar la posible desviación de la inflación en el 2018.
«Las pensiones subirán con el IPC en el 2019 aunue no haya nuevo Presupuesto»
¿Aunque haya prórroga presupuestaria?
Sí. La Seguridad Social tendrá que atender la subida desde enero. Pero si no hay nuevo Presupuesto, habrá que trasladar partidas de un sitio a otro.
¿Si hay Presupuesto, cómo prevé financiar la actualización de las pensiones?
Básicamente a través de la mejora del empleo, de los salarios y de la calidad de los contratos. Esa es la parte más importante. Y luego, con parte de la nueva fiscalidad que el Gobierno está promoviendo.
¿Seguirá adelante con la ‘tasa tecnológica’ aunque no haya acuerdo en la Unión Europea?
Vamos a estar en el grupo de países que van a tirar adelante. Terminará siendo una tasa para toda la UE. Y nosotros la pondremos en marcha el año que viene porque la necesitamos.
¿Por qué han descartado un nuevo impuesto para la banca?
Hemos trasladado a Podemos que vamos a abordar una mayor fiscalidad del sector financiero por la vía del impuesto de transacciones financieras, mediante una tributación mínima del 18% en el impuesto de sociedades y con una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos. Vamos a ver cómo avanzan estos ingresos y cómo evoluciona el sector en un contexto de bajos tipos de interés. No descartamos que en un futuro el impuesto a la banca pueda ser una realidad si vemos que las medidas adoptadas no funcionan en la medida esperada.
«No descartamos aplicar en un futuro un impuesto a la banca si las medidas no funcionan según lo esperado»
¿Qué otros cambios fiscales han decidido?
La modificación del IRPF por encima de 140.000 tanto en las rentas del trabajo como en las de capital. La bajada de dos puntos a las pymes con una facturación de menos de un millón de euros. Una subida fiscal del diésel para empezar a equipararlo a la gasolina. La tasa digital y la de transacciones financieras y cambios en el impuestos de Sociedades. Son cinco figuras tributarias. Dos de nuevo cuño, que no se pueden crear en la ley de Presupuestos y se tienen que tramitar aparte.
Podemos rechaza la subida del diésel…
Hay elementos que se pueden compartir más o menos. En el discurso del PSOE es absolutamente necesaria una transición energética. La subida no afectará a los profesionales del transporte.
¿No teme que las multinacionales renuncien a repatriar beneficios a España si se gravan los dividendos obtenidos en el exterior?
El gravamen va a ser muy pequeño, del 5%, en línea con lo que aplican otros países como Francia o Alemania. Si eso no ocurre en estos países o en el conjunto de pEuropa no va a ocurrir en España. Lo que sucede es que siempre que se habla de la fiscalidad se vierten muchas amenazas y se habla de que se van a marchar los capitales. Eso no es así. Nosotros somos un Gobierno responsable; no vamos a hacer nada que perjudique la economía, todo lo contrario…
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