El bloqueo en las negociaciones del nuevo presupuesto de la UE podría hacer perder 176 millones a los agricultores españoles por los recortes en la nueva PAC

Las espadas están en alto. Las negociaciones sobre el nuevo periodo presupuestario durante 2021-2027 se han convertido en un zafarrancho de combate con una principal damnificada: la Política Agrícola Común (PAC). La situación entre contribuyentes netos (aquellos países que aportan más de lo que reciben) y receptores netos (la situación contraria) es tan tensa que parece casi imposible que se pueda llegar a un acuerdo en la cumbre de diciembre, tal y como estaba previsto inicialmente. No sólo eso, en los pasillos comunitarios se da por sentado que durante la presidencia rumana será muy difícil llegar a un acuerdo y que será Alemania, durante el segundo semestre del año que viene, la que consiga muñir un pacto en tiempo de descuento.

Pero nada está garantizado e incluso el Ejecutivo comunitario ha propuesto una red de seguridad para garantizar los pagos de los agricultores, si el acuerdo no llega en el filo de la navaja. El marco presupuestario se aprueba por unanimidad, por lo que un solo país tiene capacidad de veto.Pero un posible retraso puede costar muy caro, ya que este régimen transitorio toma como referencia la propuesta del Ejecutivo comunitario que los estados con más intereses en el sector confían en amortiguar.

Según los cálculos de la asociación agrícola española Asaja, esto supondría un recorte respecto a este periodo de un 3,6% en los pagos directos que reciben los agricultores según sus terrenos y un 16% en el segundo pilar que financia todo lo relacionado con el epígrafe Desarrollo Rural.

A esto se une al aumento en 10 puntos ( hasta el 25%) de cofinanciación a través del Estado y las comunidades autónomas para el Desarrollo Rural. Si no es posible aportar este dinero de las arcas nacionales, los fondos no se ejecutan y quedan sin desembolsar, lo que beneficia a las comunidades autónomas más ricas en detrimento de las pobres.

José María Castilla, representante de Asaja en la capital comunitaria, expresa a este periódico su «máxima preocupación» por los reglamentos transitorios propuestos por el Ejecutivo comunitario. «No entendemos bajo ningún concepto que hayan cogido como referencia la propuesta de recortes, cuando lo lógico sería prorrogar la propuesta actual. Lo que no podemos entender es que en 2020 y 21 tengamos una política antigua con un recorte de dinero nuevo».

Según el informe del ejercicio presupuestario del año 2018 publicado por el Ejecutivo comunitario, España recibió 4.896 millones de euros ese año en ayudas directas y 899,9 en la partida de Desarrollo Rural. Al utilizar el cálculo del 3,6%, si llega a aplicarse esta normativa transitoria, nuestro país perdería 176, 2 millones de euros en 2021 en pagos directos. Antes de conocerse en qué desembocarán las negociaciones y si será necesario poner en marcha esta red de emergencia, la propuesta del ejecutivo comunitario propone para España la caída en los fondos agrícolas de un equivalente al 0,57% de la Renta Nacional Bruta al 0,44% durante el próximo periodo.

España aportará un 18% más

A esto debe añadirse que la salida de Reino Unido (segundo contribuyente neto tras Alemania) causará un socavón en las arcas comunitarias que obligará a casi todos los países a incrementar sus aportaciones en el nuevo periodo. En el caso de España, esta cifra será casi del 18%, aunque aún es pronto para saber si nuestro país seguirá siendo receptor neto o contribuyente durante el próximo periodo. En el marco actual, España ha conseguido preservar su estatus de receptor pero esta situación podría cambiar a partir de ahora. Es difícil todavía tener cálculos fidedignos ya que entran en juego nuevas partidas como la ayuda a la gestión de fronteras, la lucha contra el cambio climático, el fondo de Defensa o el incremento del programa Erasmus pero todo indica que España está a sólo un paso de, por primera vez desde su entrada en el club europeo, pasar al bando de los pagadores.

Para que la UE pueda hacer frente a estas nuevas necesidades y a la vez se preserven las partidas clásicas (agricultura y fondos a las regiones), el Parlamento Europeo pide que los recursos del nuevo marco supongan 1,3% del PIB de los Veintisiete.

Dos bloques a la gresca

Los receptores netos (países del Sur y del Este) se han conjurado en contra de la línea dura que lideran Alemania y Holanda. El pasado 6 de noviembre, 16 países (entre ellos España) se reunieron en Praga bautizados como «Amigos de la Cohesión», en aras de evitar recortes en los fondos regionales. En el otro extremo, los contribuyentes netos no sólo quieren disminuir las partidas sino también seguir manteniendo los descuentos de los que disfrutan con el objetivo de reducir sus aportaciones al club. Estos descuentos anuales son una herencia del cheque británico.