El Gobierno podrá cesar a cargos de TV-3 y Catalunya Ràdio por el artículo 155

La aplicación del artículo 155 supondrá que el Gobierno, o el órgano que designe para ello, podrá cesar o nombrar a los responsables de TV-3 y Catalunya Ràdio, cuyos actuales directores son Vicent Sanchís y Saül Gordillo respectivamente, para garantizar una “información veraz y respetuosa con el pluralismo político”.

Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, una vez acordado el cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente del Govern y todos los ‘consellers’ del Ejecutivo catalán, la administración general de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno.

Estos órganos podrán acordar el nombramiento, cese o sustitución temporal con asunción de las competencias correspondientes de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat, así como de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial. Un capítulo en el que estaría incluida la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), cuya presidenta en la actualidad es Núria Llorach.

Control del CTTI

Pero, además, en otro apartado del documento que será enviado al Senado se atribuye a los órganos que designe el Gobierno las funciones relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales y a las tecnologías de la información, en particular del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y del Centre de la Seguretat de la Informació a Catalunya.

Asimismo, en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, se garantizará la transmisión de una información “veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural”, y con el equilibrio territorial. Y que se garantice el conocimiento y el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatut.

Condena del gremio

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha expresado su “condena” por lo que considera una “intervención” de los medios públicos catalanes. En un tuit, el colegio profesional asegura que las medidas anunciadas en función del artículo 155 de la Constitución para “restaurar el orden constitucional” y el Estatut suponen un “ataque a la libertad de expresión”.

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