Mariano Rajoy dijo el miércoles en el Congreso que se felicitaba por la aplicación del artículo 155 y por la actitud colaboradora de los funcionarios. En líneas generales es así, según fuentes gubernamentales, aunque hay una ‘conselleria’ en la que se han encontrado problemas concretos: la de Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
Con Raül Romeva cesado y en prisión, se ha quedado al frente el secretario general, Aleix Villatoro, que cuenta también con el apoyo de Jordi Foz, en la secretaría de Transparència. Tanto Villatoro como Foz, según fuentes del Ejecutivo central, mantuvieron una actitud de «pasividad« los primeros días de la intervención para ejecutar las órdenes que Moncloa ya había dado, al amparo del 155. Entre otras, la «extinción» del Diplocat, el organismo que ayudó a internacionalizar el ‘procés’, y también el cierre de las delegaciones en el exterior, las llamadas ‘embajadas catalanas’.
Ante las dificultades que los altos cargos de Exteriors alegaban para «desmontar» el Diplocat y todo el entramado en el extranjero, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, decidió mandar al embajador Juan Fernández Trigo y a dos funcionarios (uno de ellos experto en presupuestos) para analizar «las decenas de contratos» con los que Villatoro y Foz se veían «incapaces» de bregar por su «complejidad» y ayudar a reorganizar el Departamento.
La voluntad del Gobierno central es, según fuentes diplomáticas, aprovechar «todo lo que se pueda de la estructura» para acometer objetivos «legales» que tienen todas las comunidades autónomas, como la promoción del comercio exterior.
