Nadie se cree ya el cuento de la independencia de la Justicia
A Alejandro Fernández le condenaron 6 años por robar menos de 100 euros, Mario Conde está en libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros por haber blanqueado 14 millones de euros, Jordi Pujol disfruta de una dorada jubilación tras haber robado alrededor de 4.000 millones a los españoles, la infanta Cristina se librará de la prisión tras pagar una fianza (con dinero de todos nosotros) de apenas 265.000 euros y, su marido Iñaki Urdangarín, ha sido condenado a una pena similar a la de Alejandro tras haber reconocido que se embolsó -junto a su socio Diego Torres- 15 millones de euros.
La justicia española cuestionada en todo el mundo
En el Cuadro de indicadores de la Justicia de la UE 2016, publicado el pasado 11 de abril, la justicia española es seriamente cuestionada en «independencia judicial», pero este dato no es novedoso. En el informe de 2015, y en una escala de 1 a 10, los españoles puntuaron con un 3 el nivel de independencia del Poder Judicial. Esa nota fue de un 3,4 un año antes, y de un 4 en 2012. Por tanto, la valoración es producto de una tendencia negativa que se prolonga en el tiempo, muy vinculada a una justicia lenta, de la que sólo se benefician corruptos y delincuentes. Aproximadamente uno de cuatro europeos considera que se ven afectados por la corrupción en su vida cotidiana. En España, esta proporción alcanza el 63%, el más alto de la UE. Una carga irrazonable de trabajo puede ser una peligrosa herramienta de neutralización colectiva.
En la presentación del Cuadro de Indicadores de la UE del año anterior (marzo de 2015), la comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Vera Jourova, dijo no poder explicar el porqué del deterioro de la imagen de la justicia española, aunque apuntó una hipótesis: «Puede haber varios factores, uno de ellos la falta de comunicación con el público. Y otro, que los procedimientos son tan largos que la gente no confía en el sistema judicial como la vía para obtener justicia».
Los perjuicios psicológicos derivados de la exposición a cargas de trabajo inadecuadas no sólo socavan el equilibrio psicológico del juzgador/a, sino que supone, también, el pago de un alto precio social para la ciudadanía, que se ve irremediablemente afectada en su derecho fundamental a la tutela judicial, en plazos prudentes y razonables.
La justicia no es igual para todos los españoles
Con todo ello se demuestra que la Justicia en España, no sólo es lenta, sino que resulta del todo parcial. Los jueces condenan o ponen en libertad interpretando las leyes de distintas formas teniendo en cuenta quién es el condenado.
Si aplicamos simples reglas de tres y partiendo de que a Alejandro Fernández, de 24 años, fue condenado a por el Tribunal Supremo por realizar una compra de 79 euros mediante una tarjeta falsificada ¿cuántos años deberían caerle a Iñaki Urdangarín?. Y lo que escapa a toda lógica y razón ¿por qué Jordi Pujol no pisará la cárcel pese a que la policía y la Hacienda Pública han demostrado delitos de malversación, fraude, tráfico de influencias y evasión de capital?
La justicia española resulta poco fiable y se ha colocado -producto de dependencia al poder político y su reiterado mal hacer- en el foco de la mirada internacional. Quien vuelva a hablar de la «independencia de la justicia», simplemente, miente.
