El Tribunal Supremo ha acordado por 15 votos a 13 que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas siga pagándolo el cliente y no el banco.
Finalmente, la Justicia ha cedido a presiones gubernamentales y económicas y deroga su propia doctrina.
Desconfianza sobre la independencia de la Justicia
Pese a que durante la jornada de ayer y hoy circularon rumores de que varios bancos habían ofrecido dádivas a algunos de los jueces para declinar la balanza a su favor, el extremo -hasta ahora- no ha podido contrastarse y probablemente no se conozca nunca. Sin embargo, el radical cambio de opinión de los 28 magistrados ha conseguido reavivar las sospechas y desconfianza hacia ya la desprestigiada Justicia española.
El que se beneficia, gana. Este ha sido el criterio que, tras cambiar de opinión, ha ganado en el debate judicial mantenido durante dos días.
Indignación popular y movilizaciones contra el Tribunal Supremo
Partidos políticos, asociaciones de consumidores y sindicatos ya han anunciado movilizaciones contra la decisión judicial.
El Gobierno se ha mantenido prudente y, en esta ocasión, alega que hay que «respetar la decisión de los jueces».
Ha fracasado la tesis defendida por el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Nicolás Maurandi, ponente de dos de las recursos que favorecían al ciudadano frente a la banca, partidario de que los sujetos pasivos del impuesto de actos jurídicos documentados sean las entidades bancarias y no los clientes.
