La crisis debe serlo para otras administraciones, porque las diputaciones y el Gobierno vasco no parecen tener problemas para enchufar con contratos a dedo a «operarios de basura» por 132.992 euros o «monitores de oficios» por 105.786 euros. En total y en cuatro años se han destinado a este esquema de contratación de personal en las denominadas «cuadrillas» en Álava nada menos que 26 millones de euros. Y el presupuesto total asignado sin control en la legislatura asciende a 64 millones.
El PP alavés ha puesto al descubierto una mecánica de derroche y enchufismo de proporciones estratosféricas en el País Vasco. Y, más en concreto, en la Diputación de Álava y el Gobierno vasco, financiadores finales de este esquema de contratos a dedo dirigido por cargos del PNV que ha disparado el gasto público.
Se las conoce como las cuadrillas. Álava se organiza administrativamente en siete organismos comarcales de carácter supramunicipal denominados cuadrillas. La cuadrilla se constituye como un órgano de participación, consulta y gestión en los asuntos y cuestiones de interés general que afectan a su ámbito territorial. Y, como tal, se las asigna presupuesto para contratar personal y desarrollar sus labores administrativas encomendadas.
La figura de la cuadrilla como principal división del territorio de Álava se remonta al siglo XVI. Pero ha alcanzado una dimensión curiosamente enchufista y derrochadora en el presente más absoluto y de la mano del mando del PNV.
En total, en cuatro años, se han dedicado a personal contratado sin control 26 millones de euros. Pero lo cierto es que estos organismos comarcales, financiados por la Diputación y el Gobierno vasco, llevan décadas sin auditarse pese a gestionar 64 millones de euros en presupuesto para todos los gastos sólo en esta legislatura. El gasto medio en personal de los organismos comarcales, «contratado a dedo», es de 57.000 euros. Es decir, el sueldo medio se sitúa en ese nivel cuando el salario medio en el conjunto de España apenas supera los 25.000 euros.
Algunos de los cargos y sueldos son representativos del descontrol. De este modo, un operario de basuras puede cobrar entre 60.023,01 euros y 132.992,94 euros. Un director de escuela, sin embargo, 49.084,21 euros, un sueldo que no es bajo pero llama la atención frente a los de los operarios de basuras. Un operario de planes de empleo llega a los 57.000 euros y un monitor de oficios de escuela alcanza los 105.786,78. Y, mientras, un arquitecto superior se queda en 49.084,21.
Todo un descontrol con olor a enchufismo masivo y generalizado. Y es que el propio sistema ha permanecido sin control en todo un alarde de arte para escapar del avance de los controles generalizados en toda España.
El PP explica que las cuadrillas de Álava dedicaron en 2022 un total de 6.481.871,46 euros para pagar sueldos de 114 personas contratadas bajo criterios «opacos» y «fundamentalmente a dedo». En la última legislatura, de hecho, «las cuadrillas gastaron en personal un total estimado de casi 26 millones de euros», señala el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, y la secretaria general de la formación, Ana Salazar, que han advertido del «escándalo» que supone la «ausencia total de control» sobre entidades administrativas en el territorio financiadas con dinero público y con presupuestos anuales de hasta 16 millones de euros.
Los populares recuerdan que las cuadrillas y el caso Cuadrillas forman parte, de hecho, de la sentencia del caso De Miguel –el caso de corrupción más grave de la historia del País Vasco, protagonizado por el PNV y con una condena de 13 años de prisión para el que fuera hombre fuerte del PNV en Álava y en estos momentos contacto oficial entre el Gobierno de Íñigo Urkullu y Pedro Sánchez–.
En esa sentencia se avala que estas cuadrillas formaban parte de la red clientelar que el PNV utiliza en Álava. Ante ello, el PP requirió el pasado noviembre una auditoría de todas las cuadrillas, con el objetivo de impulsar la transparencia y el control de los fondos públicos destinados a ellas.
«No obtuvimos respuesta, hemos investigado y los datos que hemos encontrado son sumamente preocupantes», explica Salazar. Tras recordar que la mayoría de estas entidades llevan 26 años sin auditarse y censurar su «ineficacia» porque reciben financiación sin que ello conlleve la prestación de servicios eficientes a los ayuntamientos, los populares han desglosado el presupuesto con el que contaron las cuadrillas en 2022.
Así, la de Montaña alavesa contó con 1.529.572 euros; Ayala, 4.547.984,70 euros; Añana, 3.172.356,85 euros; Llanada alavesa: 2.409.847,17 euros; Gorbeialdea: 1.548.889,99 euros; y Rioja: 2.962.899,89 euros. En total: 16.171.550,97 euros.
«Las cuadrillas se crearon con un objetivo positivo, que era mancomunar los servicios de la zona rural para que saliesen más baratos a los alaveses; desde recogida de basuras hasta arquitectos o asistentes sociales», explica Salazar. No obstante, se han convertido en organismos «ineficaces» utilizados por el PNV «como chiringuitos en la zona rural».
En palabras de Oyarzabal, «la sentencia del caso De Miguel confirma que las cuadrillas juegan un papel clave de la red clientelar del PNV» y «por ello, urge poner el punto de mira en estas instituciones». «El modo de operar del PNV es un modelo de favoritismos para familiares y amigos que de una manera u otra está asfixiando la iniciativa en nuestro territorio. Y el PNV no ha hecho ningún tipo de trabajo para que esto no se vuelva a producir. No vale con pedir perdón si se sigue protegiendo a los corruptos. No vale con pedir perdón cuando el PNV hace la vida imposible a quienes denuncian la corrupción. Es éticamente reprochable y moralmente injusto», concluye.
