Puigdemont y el Govern deberán declarar en la Audiencia el jueves y el viernes

Carles Puigdemont deberá abandonar Bélgica y volver a Cataluña si no quiere caer en un nuevo delito de rebeldía.

La Fiscalía pidió que los 20 exresponsables de la Generalitat contra los que se querelló por rebelión fueran citados “con carácter urgente”. Y tanto la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo han hecho. El jueves y el viernes el expresident Carles Puigdemont y los otros 13 miembros del depuesto Govern deberán comparecer en la Audiencia y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara en el alto tribunal.

La magistrada ha acumulado la querella fiscal en la causa que ya tenía abierta por sedición contra el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, a los que envió a prisión el 16 de octubre. Su primera diligencia ha sido citar a los exmiembros del Govern para tomarles declaración y celebrar la vistilla para imponerles medidas cautelares. La Fiscalía advertía en su querella que en caso de no comparecer pedirá su detención. Si están en Bruselas, el arresto se tendría que producir mediante euroorden.

En su auto, la jueza fija una fianza solidaria de responsabilidad civil de 6.207.450 euros que deberán depositar en tres días; si no la hacen efectiva, se embargarán sus bienes. Esta cantidad también será compartida con los querellados que siguen siendo aforados.

Urdir una estrategia con reparto de papeles

La magistrada, que ha ordenado incorporar a la causa los acuerdos del Parlament y los últimos decretos del Govern relacionados con el proceso independentista, sostiene que del relato del fiscal se desprende que los querellados “urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (la Anc y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlament el 27”.

Según Lamela, en la querella se exponen de manera “seria, racional y lógica los motivos que llevan al fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los de sedición, desobediencia y prevaricación”, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente se otorgue. La propia Fiscalía planteó la alternativa de sedición y malversación. Y el Supremo, en su auto de admisión, menciona la conspiración para la rebelión, penada en uno o dos grados menos (cada uno reduce a la mitad la pena prevista en el delito original, que en este caso llega hasta los 25 años de cárcel).

La magistrada señala que los querellados “se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo”.

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