Vox ha registrado una proposición de Ley en el Congreso para endurecer las penas de cárcel en todos los casos de okupación de inmuebles, ya sea con o sin violencia, además de los inquilinos que disponen de un contrato de arrendamiento, los conocidos como inquiokupas.
El partido expone en su propuesta que los casos de okupación han aumentado un 450% desde el año 2011 a 2021, según datos del Ministerio del Interior, lo que se ha visto agravado por los decretos anticovid aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez que impiden el desalojo para los casos de especialidad vulnerabilidad, según recoge el texto. A esto se suma que el pasado año se dictaron 7.059 sentencias condenatorias para los casos de inquiokupación, según datos aportados por el CGPJ.
En base a estas cifras, el partido de Abascal reclama penas de prisión de dos a tres años para quienes okupen una vivienda con violencia o intimidación y que vayan de los seis a los doce meses de cárcel para los inquilinos que dejen de pagar el alquiler a los propietarios del inmueble. Para aquellos que promuevan estas prácticas reclaman también penas de cárcel e uno a dos años y multa de seis a doce meses.
Considerar víctimas también a los vecinos
Vox introduce una novedad en su propuesta y es considerar víctimas de la okupación también a los vecinos del inmueble okupado para que puedan presentar denuncia aunque no sean los propietarios, como se exige ahora. En muchos casos se trata de los principales afectados por sufrir los problemas que se derivan de la okupación, como destrozos, impagos, violencia, etc.
Por último, la formación reclama acelerar los plazos para el desalojo de los inquiokupas ya que, en la práctica, el proceso llega a alargarse hasta casi los seis meses. Vox propone recortar los días que deben transcurrir hasta la interposición de la demanda, de forma que el conflicto quede resuelto cuanto antes.
También proponen acelerar los conocidos como desahucios exprés para que se produzcan de forma efectiva apenas 48 horas después de que se constante la comisión del delito, lo que daría herramientas a la Policía para poder proceder al desalojo. Una vez se ha producido, se informaría a los servicios municipales para identificar los casos de especial vulnerabilidad a los que haya que dar una solución alternativa, pero con los okupas ya fuera del inmueble.
La diputada de Vox, Cristina Estaban Calonje, ha sido una de las más combativas con la cuestión de los okupas en España, defendiendo en varias ocasiones desde el Congreso el lema «al okupa, patada en el culo», como resumen de su propuesta para endurecer las penas en estos casos, con el objetivo de proteger el derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución.
