El caso de un director de colegio golpeado por un alumno cuya hermana era víctima de acoso, según denuncia la familia, evidencia la pésima reacción del Estado frente a la agresión sexual en instituciones educativas. Empleo la palabra Estado para no culpar al gobierno, el Ministerio de Educación (MEP) u otros posibles responsables. Todos operan en el marco de una legalidad preocupada por los derechos del acusado al punto de olvidar la protección debida a los menores.
En cuatro años, al director se le abrieron seis expedientes por conflictos, ausencias y el acoso del último incidente. Recibida la denuncia, el MEP siguió el libreto: ordenó reubicar al educador en labores administrativas, pero la oficina adonde fue destinado funciona en otro liceo, cuyos administradores rehusaron recibirlo. El trasladado fungió allí como director y dejó una estela de “problemas de todo nivel”, incluida una presunta relación impropia.
El rechazo vertió luz sobre el conflicto entre el sentido común de los funcionarios decididos a proteger a sus alumnos y las garantías ofrecidas por la ley a los acusados. Son garantías fundamentales pero, en algunos casos, deben ser armonizadas con otras, todavía más importantes, como el interés superior del menor.
Si un examen expedito de los hechos produce suficientes indicios de falta grave, las autoridades deberían quedar en libertad de adoptar decisiones definitivas para proteger a los alumnos. Constatado un error o una arbitrariedad, al docente no se le podrían negar las reparaciones correspondientes.
El fracaso del primer intento de reubicar al director motivó su traslado a una Dirección Regional mientras culmina la investigación. Cabe preguntar por qué los antecedentes del colegio anterior no pesaron en su nombramiento a la cabeza del centro educativo donde ocurrió el conflicto más reciente.
Durante una comparecencia legislativa, la ministra Anna Katharina Müller dijo estar cansada de firmar documentos relacionados con investigaciones de acoso sexual. Rocío Solís, durante 18 años jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles y hasta hace poco viceministra Académica, advirtió de la frecuencia del abuso y hostigamiento contra menores. Los expedientes abiertos son la punta del iceberg, afirmó, porque el ocultamiento también es frecuente.
No se trata de un problema más, pero insistimos en tratarlo como si fuera. ¿Hasta cuándo? o, más bien, ¿hasta cuántos menores victimizados por quienes deberían estar formándolos?
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
