La falta de inversión en infraestructura, la imprevisión y las reparaciones temporales, apenas útiles para posponer las peores consecuencias, conspiran con la violencia de la temporada lluviosa para pasarnos la cuenta. En ocasiones cuesta dinero y, en otras, como en Cambronero el fin de semana, las pérdidas son inestimables por tratarse de vidas y daños a las personas.
El paso de la Interamericana norte, donde sucedió la tragedia, no recibe atención desde hace más de 18 meses. Como en la mayor parte del país, no hay un contrato de conservación vigente para vigilar y restaurar la vía, pese a la reconocida peligrosidad de sus taludes y hundimientos.
En la principal vía hacia el Pacífico, la ruta 27, un hundimiento entre Orotina y Atenas, en el kilómetro 44, se hace cada vez más profundo. Aparte del peligro presente y los embotellamientos causados por la disminución de la velocidad para sortear el obstáculo, existe el peligro de un deslizamiento mayor, capaz de causar una tragedia y cortar la vía en dos.
En la zona hay varias fallas geológicas y el paulatino deslizamiento comenzó desde la inauguración de la vía. La concesionaria invirtió $5 millones para estabilizar el paso, pero un sismo volvió a falsearlo. No hay soluciones baratas. El viaducto propuesto como remedio definitivo cuesta $15 millones y está en espera de una autorización para talar árboles.
La ruta 27 es vital, y si algo lamentamos es la lentitud de los trámites para lograr su ampliación, añorada desde el primer día. La interrupción del paso sería una pesadilla para el transporte comercial y privado. Desviar el tráfico por las pocas vías alternas existentes sería costosísimo y peligroso, como quedó demostrado en Cambronero.
No es difícil imaginar, en un invierno intenso, la interrupción del paso por Cambronero mientras un deslizamiento en el kilómetro 44 impide utilizar la ruta 27. La capital quedaría prácticamente aislada de la costa del Pacífico, salvo por pasos de montaña, como el cerro del Aguacate. Es un escenario extremo, pero para eso se planifica cuando la intención es lograr seguridad.
En cualquier caso, ahí está el hundimiento de la vía hacia Caldera y los desprendimientos de materiales entre San Ramón y Esparza no tienen nada de novedosos. Basta que se agraven al mismo tiempo. El sitio donde se produjo la tragedia de Cambronero no figuraba entre los puntos críticos de la vía, pero no dista mucho de otros tramos reconocidos como peligrosos y tampoco se le sometía a inspección desde hacía meses.
Los contratos de conservación vencieron en febrero del 2021. Estaban concentrados en las constructoras Meco y H. Solís, protagonistas del caso Cochinilla. El escándalo impidió extender los contratos y las autoridades no han encontrado sustitutos. Urge hacer a un lado el trauma y salir de la parálisis causada por las denuncias.
Aquellos hechos deben servir para evitar caer en los mismos errores, pero la urgencia de las reparaciones es cada vez mayor en Cambronero y también en el Zurquí, donde problemas similares interrumpen intermitentemente el paso entre la capital y la costa del Atlántico. En el caso de la ruta 27, la solución está planteada. Es necesario definirla como prioridad nacional y actuar en consecuencia para acelerar la concesión de permisos y remover otros obstáculos.
Es imposible exagerar la importancia de la comunicación terrestre entre el Valle Central y las costas. La inversión de los escasos recursos nacionales debe comenzar por garantizarla. Eso incluye la ampliación de la ruta 27, por la cual llevamos demasiados años esperando.
