Esta No es la Universidad Pública que Queremos (ni Merecemos)

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de Fran Beltrán, José Luis Ferreira, Libertad González y Pedro Rey Biel

Llevamos dos semanas con el foco mediático centrado en el master realizado (o no) por la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos, sobre el que ya hicimos un breve comentario, antes de que se sucedieran y se desmintiesen múltiples justificaciones, aquí. Más allá de la exigencia de responsabilidades políticas sobre éste y otros casos que están saliendo, que tanto en su grado como en sus tiempos parecen motivadas por cálculos electoralistas, como académicos nos preocupa la cuestión de fondo, que es la imagen que se está ofreciendo sobre la forma de proceder en la universidad pública: exámenes y trabajos que se aprueban sin presentarse, actas falsificadas, créditos de postgrado convalidados con créditos de grado, plagios, tesis que no aparecen, profesores presionados y amenazados, etc. Lejos de minimizar su importancia, tratada desde algunos partidos políticos como “pequeñas irregularidades por parte de la universidad“, creemos que este caso es sintomático de una grave y eterna crisis en el sistema universitario español que los múltiples y aplazados planes de reforma universitaria no han conseguido cortar de raiz.

Nuestra intención no es generalizar ni ser alarmista, pero tampoco escurrir el bulto: a lo largo de nuestras carreras universitarias en universidades públicas españolas hemos conocido suficientes ejemplos de corruptelas diversas, quizá no tan extremas como las que están saliendo estos días, pero igualmente graves y alejadas de lo que aspiramos que sea la universidad, como para aplicar nuestro análisis no a la universidad concreta sobre la que se habla estos días (que en todo caso tiene un historial de escándalos que llama la atención) sino al conjunto de ellas. Es cierto que no todas las universidades (y especialmente no todas las facultades y menos aún todos los departamentos) son iguales. Pero también es cierto que la sombra de la sospecha acecha al conjunto de la universidad pública, pues estas prácticas están suficientemente extendidas y aquellas facultades que hacen las cosas razonablemente bien apenas cuentan con instrumentos ni con la atención, ni de los medios de comunicación ni de las autoridades educativas, para conseguir diferenciarse de las demás.

Seguimos con la percecpción de que una misma titulación de dos universidades públicas, por el mero hecho de serlo, es equivalente y por ello, cuando se comprueba que un título concreto se puede obtener básicamente sin hacer nada, su valía y la de los títulos equivalentes de otras universidades terminan valiendo eso… nada.  Y ahí es donde está el problema más serio, en el desprestigio extendido no ya sólo sobre los alumnos que con su esfuerzo han obtenido un título, sino también sobre las facultades que intentan hacer las cosas de otra manera.

Ocurre lo mismo, aunque al revés, con los intentos de otorgar etiquetas positivas: existen tantos “campus de excelencia” en nuestra universidad, que serlo no significa ya nada. ¿Por qué no buscamos la excelencia real de nuestras universidades promoviendo la diferenciación y la competencia entre centros por atraer talento, publicar en las mejores revistas científicas y ofrecer aquellas titulaciones que mejores oportunidades laborales ofrecen? Creemos que desde la administración pública se favorece un sistema que otorga certificaciones profesionales, sin importar mucho los conocimientos adquiridos, igual que desde la empresa privada se usa la titulación universitaria como una señal de productividad futura, sin importar tampoco mucho lo que se haya aprendido. En esa incertidumbre, en la que la actividad universitaria poco importa, tendemos a creer que por su titularidad pública y similar financiación, todo es lo mismo. Entramos con ello en el doble juego de otorgar prestigio académico a quien por sus méritos reales no deberíamos dárselo, por mucho que haya conseguido acreditarse como catedrático, y a la vez sospechar que esos títulos no significan gran cosa… ¡Pero es mentira! Tenemos buenísimos investigadores, carreras y másters de gran nivel. El problema es que les damos el mismo nombre que a otros.

Frente a quienes se espantan por un exceso de hacer rankings, creemos que la publicación sobre el lugar internacional que ocupan nuestras universidades y académicos, tanto en comparaciones sobre investigación, como en calidad docente o en capacidad de colocar a sus alumnos en el mercado laboral, debería extenderse aún más, y sobre todo, hacerse con mayor nivel de desagregación: no es sólo hablar del ranking de tal universidad en general, sino de tal titulación en una facultad en particular, o de la actividad de un departamento concreto. Les aconsejamos que, especialmente ante el desprestigio institucional actual, presten atención a estas clasificaciones, así como al currículum investigador internacional del claustro, a la hora de decidir qué estudios seguir y dónde realizarlos. Afortunadamente, hoy en día ya es más sencillo matricularse en un campus de una región distinta a la que vive uno, por mucho que el coste diferencial de vivir fuera siga creando un problema de discriminación por renta. Quienes contraten a los recién licenciados por una universidad española o bien dejarán de hacerlo o buscarán cada vez más a los titulados por una facultad que haya sabido distinguirse de la mediocridad y corrupción reinante.

Con frecuencia se publica que ninguna universidad española está entre las 200 mejores del mundo, pero cuando desagregamos por facultades afortunadamente encontramos que 21 titulaciones españolas están cada una entre las 50 mejores del mundo en su áreas. ¿Qué es lo que las hace distintas?

Aunque son múltiples las razones, creemos que un aspecto común a todos los escándalos que se están publicando es la influencia de la jerarquía de poder que otorga el arcaico sistema de asignación de plazas de funcionario. En las explicaciones que están dando la mayoría de los profesores estos días siempre aparece un rector, un decano o un catedrático dando órdenes para hacer algo extraño a un cargo inferior, normalmente un profesor sin plaza fija y que casualmente ha sido estudiante o “mentorado” del primero. No es la primera vez que les hablamos de la endogamia como uno de los principales males de la universidad española, pero creemos que es necesario insistir: contratar a estudiantes que se han formado en ese mismo departamento crea servidumbres y vasallajes que repercuten negativamente en la producción investigadora y en la actividad docente, como ya mostramos en esta entrada. Por la promesa de una plaza fija con pocas horas de clase y una exigencia francamente escasa respecto a la investigación, se pueden llegar a hacer cosas de las que no nos sentiríamos muy orgullosos. Al menos en nuestra área de conocimiento, la Economía, es cristalina la relación entre la calidad de la producción investigadora de ciertos departamentos y la existencia de una regla explícita que prohibe contratar a los propios estudiantes. Y esto no es una idea feliz de unos pocos departamentos, sino que simplemente copia lo que hacen las mejores universidades del mundo.

Introducir simplemente una regla de este tipo contribuiría de forma clara a mejorar nuestro sistema universitario. Obviamente no es la panacea. A la vez que se fomenta la contratación externa, también debería reformarse la forma en la que se evalúa la productividad y se acumulan méritos para optar a plazas u otorgar financiación. Si quieren una pista, déjense entonces de sexenios, de tribunales “externos” y de múltiples trabas administrativas. Los concursos de plazas y la financiación investigadora deben estar abiertos a la competencia externa, pero creemos que los sindicatos equivocan el tiro fijándose en requisitos formales de acumulación de méritos y trámites absurdos. Esto sólo fomenta el que se contrate al profesor “de la casa” que conoce los requerimientos exigidos. Fijémonos más en los rankings internacionales de publicaciones y de departamentos y en la evaluación realmente externa por expertos extranjeros. En este caso el “que inventen ellos” nos favorece para evitar tribunales en los que “hoy por ti y mañana por mí”. Somos un país pequeño donde los investigadores nacionales de una misma área de conocimiento nos conocemos perfectamente. La verdadera competencia en la ciencia ocurre a nivel internacional, así que admitámoslo y dejémonos de cacicadas.

Propuestas serias para reformar la universidad no faltan. Podemos discrepar sobre algunas medidas concretas, pero las líneas generales de actuación están claras. Obviamente, también existen propuestas peregrinas, y ya hicimos un análisis de las enormes diferencias en el ámbito de reforma universitaria que aparecían en los programas electorales de los partidos que compitieron en las últimas elecciones nacionales. Juzguen ustedes. Esperemos que la magnitud del desastre destapado en estos días sirva para que, de una vez, se coja el toro por los cuernos.

Pedro Rey Biel

Pedro Rey Biel

Doctor en Economía por University College London (2005). Actualmente es Investigador Ramón y Cajal del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Profesor afiliado de la Barcelona GSE y Research Fellow de MOVE. Sus campos de Investigación son: economía del comportamiento y economía experimental, diseño de instituciones, incentivos, Economía de la Salud.