El mejor desinfectante es la luz del sol, dicen los defensores de la transparencia y el acceso a la información. La corrupción crece en la oscuridad; el secreto es su naturaleza. Por eso, los malos manejos se “descubren” o “destapan”, para emplear la expresión habitual. Si la gestión de la cosa pública se hace, de entrada, al descubierto, las oportunidades de abuso disminuyen.
Las reformas legales para aumentar las penas contra la corrupción tienen alcances muy limitados, como sucede con otros delitos, pese a la confianza depositada en la severidad de los castigos por importantes sectores políticos. Ese tipo de modificaciones más bien corren el riesgo de perpetuar la corrupción mediante la falsa impresión de una lucha frontal en su contra. La solución está en la transparencia.
Ese es el propósito del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) que el país no ha logrado poner en práctica pese a la década invertida en el intento, los decretos presidenciales y las leyes aprobadas para exigir su adopción. La nueva Ley General de Contratación Pública, vigente a partir de este 1.° de diciembre, exige el uso del Sicop en toda contratación donde medien fondos públicos.
El sistema exige a los proveedores y contratistas registrarse previamente y aportar una declaración jurada sobre la ausencia de prohibición alguna para contratar con el Estado, su experiencia, sanciones sufridas e historial de cumplimiento en contrataciones con la Administración Pública.
Para cumplir con la ley, toda la información de las contrataciones deberá hacerse pública de forma fácil, intuitiva y no discriminatoria, “bajo formato de datos abiertos”. Donde se ha aplicado, el sistema produce una disminución en los precios y aumento en la calidad gracias a la competencia entre proveedores y contratistas.
La Ley General de Contratación Pública contempla otras regulaciones orientadas a consolidar la transparencia, como la limitación de las contrataciones directas, y promete un significativo avance en la lucha contra la corrupción, pero enfrentó férrea oposición de sectores de la Administración Pública, en particular de las municipalidades, que ya habían intentado eximirse del Sicop en el 2020, cuando el Congreso las dispensó de la regla fiscal. También están disconformes las juntas de educación y las asociaciones de desarrollo.
Lo extraordinario del caso es que esas entidades estarían entre las principales beneficiarias de la transparencia en las contrataciones. La propia Comisión de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso abrió, el 8 de setiembre, una investigación sobre el manejo de fondos y nombramientos políticos en las juntas de educación. Por otra parte, apenas hace falta recordar las repercusiones del llamado caso Diamante en las municipalidades.
La ley previó un año y medio para redactar los reglamentos y la Contraloría General de la República colaboró en su redacción, pero, a pocos días de entrar en vigor, un proyecto de ley intentó aplazarla argumentando la necesidad de un año más para completar la redacción, que la administración anterior dice haber dejado casi lista.
La súbita preocupación por los reglamentos y la voluntad de conceder otro año para completarlos llama la atención, tanto como la disposición a aprobar una dispensa de trámites y quizá hasta habilitar una sesión extraordinaria para votar la posposición en segundo debate antes de este jueves, 1.° de diciembre, cuando la nueva ley entra a regir y solo queda la posibilidad, mucho más compleja, de derogarla. No son las mejores señales para una ciudadanía impaciente frente al manejo opaco de los recursos públicos.
Fracasa intento de Gobierno y diputados por frenar ley de transparencia en compras públicas
